De las 2 auditorías realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTyV) por presuntos malos manejos y corrupción, se detectaron 13 observaciones, de las cuales 7 no han sido subsanadas por el director Agustín Jaime Arellano Ortiz, por lo que deberá presentar pruebas en su defensa.
Entre las irregularidades se encontró una discrepancia en la presentación de su situación patrimonial, la contratación y otorgamiento de beneficios a favor de trabajadores al margen del reglamento, la contratación eventual de una persona con relación de parentesco directa y algunos documentos que no han podido ser acreditados.
Guillermo Huizar Carranza, titular de la SFP, declaró que «si no aclara esto en la próxima audiencia de pruebas y alegatos; la sanción que se le aplique podría ser la destitución, inclusive se tendría que dar vista al Ministerio Público, en caso de que las actuaciones podrían ser un acto constitutivo de delito».
Incluso, de no aclararse la discrepancia en su declaración patrimonial, subrayó que en el ámbito penal podría ser juzgado como un caso de enriquecimiento ilícito.
En estos días, el director de Tránsito tendrá que presentarse en la Secretaría para subsanar las 7 inconsistencias que le faltan, y con ello continuará el procedimiento.
A partir de la audiencia que se llevará a cabo en una semana y media, dijo que la Secretaría tiene 10 días hábiles para dictar la resolución, pero, aclaró que en caso de que no se aporten las pruebas necesarias para su defensa y se demuestre su culpabilidad, entonces podrían aplicarle una sanción.
De acuerdo con la gravedad de las irregularidades, la Ley de Responsabilidades se prevé desde una amonestación privada hasta la destitución con la inhabilitación por un determinado número de años para desempeñar cualquier cargo público.
No se puede acelerar el procedimiento
La dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos de la Torre, el agente tránsito José Guadalupe Hernández y otros extrabajadores han externado su inquietud por conocer los avances de la investigación, e incluso han reprochado la falta de actuación del titular de la SPF.
El secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza, respondió que no se puede acelerar el procedimiento, el cual está siendo regulado por la ley.
«No puedo atrasar ni adelantar», y agregó que este procedimiento de investigación iniciado a partir de la exigencia de los agentes de Tránsito se está llevando a cabalidad, pese a que se ha notado la desesperación de algunos actores políticos de la sociedad.
Reconoció que son procedimientos largos y tortuosos, sin embargo, “la experiencia nos ha dictado que respetemos los tiempos y los derechos que tienen los investigados, crecen las posibilidades de que un juez federal o un tribunal colegiado nos afecte la legalidad de nuestra resolución.
FOTO: JULIA AMADOR
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