Sería de un enorme cinismo si no cambian nada: Carbonell
A invitación del grupo parlamentario Primero Zacatecas, Miguel Carbonell Sánchez, uno de los constitucionalistas mexicanos más destacados a nivel internacional, ofreció la conferencia magistral “Tribunal de Cuentas”, en la que recomendó a los legisladores locales dar una oportunidad a esta iniciativa que intenta luchar contra la corrupción.
“Después de todo lo que ha pasado, de todos los escándalos mediáticos originados desde Zacatecas por la falta de transparencia, sería de un enorme cinismo si no cambian nada, lo que no pueden hacer es quedarse como están”, expresó.
Agregó que la realidad estatal se ha vuelto de una gran complejidad, por lo que es necesaria la creación de órganos de control especializados, con niveles técnicos más elevados, para erradicar la corrupción y los abusos de poder, además de asegurar la plena vigencia del estado democrático de derecho.
“Algo no hemos hecho bien en México en materia de fiscalización de cuenta pública”, ya que este país es considerado como uno de los países más corruptos del mundo, dijo el integrante del Instituto de Investigaciones Legislativas de la UNAM.
“En el informe de corrupción global de transparencia internacional, mencionó, “de un total de 180 países, estamos en el lugar 75, ésta corrupción es un lastre para el desarrollo de nuestra nación”.
Ante diputados, directores de escuelas superiores, estudiantes, abogados y otros interesados en el tema, que se dieron cita en el vestíbulo del Congreso, Carbonell Sánchez advirtió que en relación a órganos fiscalizadores, lo importante no es la nomenclatura, sino el fondo.
Iniciativa perfectible
El ponente, autor y colaborador de un sinnúmero de libros, ensayos y artículos periodísticos en revistas especializadas, señaló que la iniciativa presentada por el gobernador Miguel Alonso Reyes es perfectible y no debería ser aprobada como está.
Tiene que ser mejorada, advirtió, sin embargo, es una oportunidad para el estado de Zacatecas de situarse a la vanguardia de México, pues es necesario que por una vez los abogados innoven e intenten mejorar para luchar contra la corrupción y la impunidad.
“Denle una oportunidad al pueblo de Zacatecas para que vuelva a creer en sus políticos y en sus representantes populares, yo sinceramente si fuera legislador, votaría a favor de ésta iniciativa con los cambios necesarios”, expresó Miguel Carbonell.
Asimismo, enumeró las características de las entidades de fiscalización y rendición de cuentas más eficaces:
- Oportunidad en la revisión, es decir, inmediatez en sus tareas.
- Plenas facultades de autoridad administrativa para fiscalizar y sancionar.
- No tienen límites respecto a la cobertura sobre el gobierno o empresas o entidades públicas por auditar.
- Cuentan con garantías constitucionales y legales para que sean órganos técnicos e imparciales, además de apolíticos y apartidistas, incluyendo la inamovilidad de sus miembros.
- Están a salvo de cualquier interferencia en su funcionamiento técnico, y en consecuencia gozan de plena autonomía de gestión, orgánica, funcional y presupuestaria.
De manera que no se trata únicamente de vigilar la Cuenta Pública ni de castigar a los responsables del mal uso de los recursos estatales, el desafío es más grande, lo que realmente importa, es lograr la eficiencia del Estado, enfatizó.
Fortalezas de la propuesta de Miguel Alonso
Al llegar al análisis específico de la iniciativa enviada por el gobernador para la Creación en Zacatecas del tribunal de Cuentas, el Dr. Carbonell, mencionó las fortalezas observadas en la misma:
- Autonomía.
- Independencia de sus miembros.
- Carácter jurisdiccional y colegiado.
- Facultad que tendría para fiscalizar a todos los órdenes e instancias de gobierno tanto estatales como municipales (incluidos particulares que reciban recursos públicos).
- Obligación de entregar documentación y permitir inspecciones por parte de las autoridades y los particulares, garantía de acceso a la información.
- Fiscalización no solo de los egresos sino también de los ingresos, el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y los recursos.
Como digno de reseñar, mencionó la capacidad del Tribunal de Cuentas para regirse por el procedimiento de juicio de apremio con la intervención del Poder Judicial del Estado, invariablemente el tribunal deberá resolver sobre la responsabilidad resarcitoria.
Necesidad de mejoras
A pesar de las fortalezas reseñadas, agregó Carbonell Sánchez, lo cierto es que la iniciativa contiene algunos puntos en los que hay margen de mejora o perfeccionamiento, empezando por el sistema de nombramiento de auditores.
Aseguró que la parte de la integración de las ternas por parte de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado es inusual, y consideró que un método más apropiado para obtener un mejor perfil de los miembros del tribunal sería que el Congreso se encargara de todo el proceso.
Propuso nombrar una comisión dentro del Poder Legislativo que hiciera una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados relacionados con la fiscalización y la rendición de cuentas.
Con base en dicha auscultación y la plena comparecencia y presentación del plan de trabajo de los aspirantes a ocupar el puesto, la comisión legislativa correspondiente propondrá al pleno del Congreso una terna de candidatos de la cual se elegirá al candidato vacante.
Por lo que se refiere a los requisitos para ser Auditor Superior del Tribunal de Cuentas, Carbonell Sánchez aseguro haber encontrado dos lagunas:
En primer lugar, dijo, a pesar de que se exige una experiencia mínima de cinco años en cuestiones relacionadas con la fiscalización, no se pide que el candidato tenga título profesional, y que por la naturaleza de la materia, ese requisito debería ser considerado.
En segundo término, consideró necesario detallar los impedimentos para ser Auditor y dio ejemplos de quienes no pueden ocupar dicho cargo:
- Los miembros del Poder Judicial o Estatal que no cuenten con la licencia correspondiente en términos de la ley.
- Los dirigentes en activo de cualquier organización política o sindical, excepto los dirigentes de las organizaciones sociales o de profesionales.
- Quienes desempeñen o hayan desempeñado un puesto de elección popular o cargo de dirección de algún partido político en los últimos tres años.
- Quienes se hayan desempeñado como gobernador, secretario, subsecretario, procurador, subprocurador del gobierno de Zacatecas o su equivalente en el ámbito federal, en los últimos tres años.
Miguel Carbonell estableció que no queda claro el término de auditoría al desempeño y aconsejó que los principios de posterioridad y anualidad desaparezcan o al menos se restrinjan por que el examen de los casos se haría de manera tardía.
El proyecto contempla un plazo de 120 días hábiles para pronunciarse sobre respuestas emitidas por los entes fiscalizados, por lo que sugirió el ponente que para lograr una rendición de cuentas efectiva y oportuna, el plazo debe ser más breve.
“Cualquier retraso significa márgenes crecientes de impunidad y deja pasar oportunidades para establecer responsabilidades de todo tipo, y si la fiscalización no es oportuna acaba perdiendo sentido”, dijo.
El constitucionalista estuvo acompañado en el presídium por los diputados José Marco Antonio Olvera Acevedo, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y Blas Ávalos Míreles.
FOTOS: CORTESÍA
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