En un clima de tensión y protesta se llevó a cabo el Tercer Informe de Gobierno del gobernador David Monreal Ávila, realizado en el Palacio de Convenciones de Zacatecas. La jornada estuvo marcada por una fuerte presencia policial y varias manifestaciones que destacaron temas de seguridad, derechos humanos y políticas públicas controvertidas, aunque los grupos de inconformes no fueron muy numerosos.
Desde las primeras horas de la mañana, los accesos al recinto estuvieron fuertemente custodiados por elementos de seguridad, lo que generó molestias y críticas por parte de diversos sectores. Entre los afectados se encontraban diputados de oposición y activistas, a quienes se les negaba la entrada, lo que desató una ola de inconformidad.
Aunque había personas que tenían su invitación para acceder, debido a que ya estaba lleno y no había sillas disponibles no se estaba permitiendo la entrada, pero finalmente sí se les autorizó el acceso por orden de los secretarios de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, y General de Gobierno, Ricardo Reyes Mugüerza.
Madres buscadoras alzan la voz
Uno de los puntos más álgidos de la jornada fue la denuncia pública de los colectivos de Madres Buscadoras de Zacatecas y Sangre de mi Sangre.
A través de un comunicado, condenaron la circulación de una lista que, presuntamente, incluía nombres y fotografías de personas consideradas «no gratas» por el gobierno estatal, entre las que se encontraban 2 activistas de estos colectivos.
En su pronunciamiento, advirtieron que esta práctica es extremadamente peligrosa en un contexto de violencia e impunidad, señalando que representa una grave revictimización y una violación a los derechos humanos.
«El perfilamiento de las madres y familias buscadoras es una acción altamente peligrosa en un contexto donde impera la violencia, la inseguridad y la impunidad», se lee en el comunicado.
Los colectivos responsabilizaron al Gobierno de Zacatecas por la seguridad de sus integrantes y enfatizaron la urgencia de esclarecer estos hechos.
Restricciones y manifestaciones
Otros grupos también expresaron su inconformidad, como un grupo de diputados locales, liderados por Renata Ávila Valadez, que denunció públicamente que se les negó el acceso al informe.
La diputada, a través de una transmisión en vivo, señaló que la decisión de impedir su ingreso fue una instrucción directa del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral.
«Nos entregaron de manera tardía la invitación para asistir al tercer informe, y ahora resulta que no nos quieren dejar entrar», denunció Ávila Valadez, acompañada por otros legisladores de oposición.
En paralelo, un grupo de feministas se manifestó a las afueras del Palacio de Convenciones para exigir justicia por la represión policial ocurrida el pasado 8 de marzo, durante la marcha del Día Internacional de la Mujer.
Renata Ávila se unió a esta protesta, reafirmando su compromiso con la causa feminista y condenando la violencia ejercida por las fuerzas del orden.
Protestas contra el viaducto elevado y la reforma judicial
Otro foco de manifestaciones fue la protesta contra la construcción del viaducto elevado en el bulevar, una obra que ha generado gran controversia en la capital zacatecana.
Los manifestantes denunciaron la represión de las fuerzas de seguridad, quienes retiraron por la fuerza sus mantas y pancartas, a pesar de que se encontraban en propiedad privada.
Asimismo, en el Centro Histórico se llevó a cabo una marcha de estudiantes y personal del Poder Judicial en contra de la reforma propuesta por el gobierno estatal. Los manifestantes argumentaron que ésta pone en riesgo la imparcialidad y la calidad de la justicia, al permitir la elección popular de jueces y magistrados, en lugar de basarse en méritos y exámenes rigurosos.
Monreal defiende sus políticas
En medio de este ambiente de protestas y confrontación, el gobernador David Monreal Ávila presentó su informe ante un público compuesto principalmente por funcionarios de su gabinete y burócratas locales.
El mandatario estatal defendió las políticas de pacificación implementadas durante sus 3 años de mandato, asegurando que Zacatecas es ahora una de las entidades más seguras del país, con una disminución significativa en los índices delictivos.
Sin embargo, las denuncias de exclusión y represión opacaron el evento, dejando en evidencia la polarización y el descontento social que persisten en el estado, con demandas urgentes de justicia, seguridad y transparencia.
