Al cumplirse el plazo para la acreditación de las corporaciones policiacas, el procurador general de Justicia del Estado (PGJE), Arturo Nahle García, declaró que tiene depurada la Policía Ministerial del Estado, el Servicio Médico Forense y las agencias del Ministerio Público.
De la Ministerial se acaba de dar de baja a aproximadamente a 22 elementos y 3 agentes del Ministerio Público.
Otros 12 trabajadores, de quienes no especificó en qué actividades se desempeñaban, fueron sujetos a un convenio entre la PGJE y el Centro de Evaluación y Control de Confianza, para aplicarles un nuevo examen en las próximas semanas.
«Tenía una cantidad importante de reprobados desde el 2012 y en estos 2 años los he ido sacando, y he contratado a otros elementos que, primero, deben acreditar sus exámenes de control de confianza», dijo Nahle García.
De enero a la fecha han sido despedidos alrededor de 76 trabajadores de la PGJE; en una primera fase se cesó a 51 y en la segunda a 25, en vísperas de la fecha límite para la acreditación de las corporaciones.
Respecto a la polémica desatada sobre el tema de que los despidos supuestamente son ilegales e inconstitucionales, el procurador sostuvo que son legales y justificados, debido a que hay argumentos para su despido al reprobar las pruebas de control de confianza.
«Se les debe de dar sus 3 meses de salario y su parte proporcional al aguinaldo y de la prima vacacional, entonces, mientras se paguen las prestaciones de ley, los despidos son totalmente son justificados«, concluyó.
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