RÍO GRANDE.- Dado que desde este jueves la Presidencia Municipal se encuentra tomada por un grupo de inconformes por tiempo indefinido, los servicios que se prestan en este espacio se trasladarán a otras sedes, con el fin de seguir atendiendo a la ciudadanía.
Dicha manifestación, en la que participan civiles y varios delegados municipales, se debe a la inconformidad con la destitución del exsecretario de Gobierno, Manuel Pérez Aguilar, quien dejó su afiliación perredista para sumarse al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El gobierno de Río Grande informó que hasta nuevo aviso, las oficinas de Tesorería, Registro Civil, Comercio, Catastro y Predial, Oficialía y Mantenimiento Vehicular atenderán temporalmente en las instalaciones de la Casa de la Cultura.
De la misma manera, la Dirección de Desarrollo Económico y Social, Desarrollo Agropecuario y la Sindicatura atenderá el edificio del Centro de Desarrollo Comunitario ubicado en la carretera a la Comunidad de Loreto.
Por su parte, Obras y Servicios Públicos, además de la Contraloría, atenderá en el Gimnasio Municipal de esta ciudad.
El presidente municipal, el secretario general de Gobierno Municipal y el secretario particular recibirán a los usuarios de la presidencia en las instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mientras que la oficina de “Oportunidades” atenderá en Calle Nueva No. 18.
Denunciarán a los manifestantes
La síndica Amini Yalili Salcedo Castillo señaló que los manifestantes impidieron la ejecución normal de la administración.
Por lo anterior, se presentó ante el grupo la comisión integrada por Salcedo Castillo, el recién nombrado secretario general de Gobierno Municipal, José Luis Menchaca Ordaz, y 11 regidores del actual Ayuntamiento encontrando nula respuesta para negociar.
Salcedo Castillo indicó que ante la falta de un pliego petitorio y aparente falta de voluntad para negociar la apertura de los servicios ciudadanos de la administración municipal, se presentará la denuncia correspondiente por ejercicio indebido de funciones públicas, abuso de autoridad, obstrucción de edificios públicos y los que se llegaran a acreditar.
Dijo que los derechos de manifestarse de los ciudadanos están a salvo pero aseveró que han incurrido en omisiones graves de la función pública que pueden dañar a la población más vulnerable.
Comentó que, por ejemplo, han obstaculizado el subsidio del 50% en el costo de las actas de nacimiento para facilitar los trámites de afiliación y reafiliación al Seguro Popular en su operativo 2011.
“Respetamos el derecho a manifestarse, pero no respaldamos que se abandone a una comunidad entera”, refirió al detallar desatenciones reportadas por habitantes de Colonia Progreso quienes manifestaron la falta de autoridades locales en apoyo al módulo del personal de salud que emprende el operativo de afiliación y reafiliación al seguro popular en Río Grande.
FOTOS: CORTESÍA
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