Tras la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) debido al intento de desalojo de vecinos de esta comunidad, los afectados junto con organizaciones pidieron la renuncia del mandatario.
En particular piden la renuncia de la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, y otros funcionarios que autorizaron o permitieron el operativo del pasado 23 de diciembre, en el que fueron demolidas construcciones en la comunidad y se intentó que los pobladores dejaran sus casas.
Exigieron, además, que se apliquen sanciones penales o civiles en contra de los servidores públicos, así como al gobernador Alejandro Tello Cristerna que «tenga la decencia de aceptar la recomendación de la CDHEZ».
El conflicto y abandono de la mayoría de los habitantes de Salaverna se debe a que la minera Frisco Tayahua busca abrir una mina a cielo abierto, por lo que piden se le cancele la concesión minera.
De no suspenderse el proyecto, al menos solicitan que las explosiones por las actividades subterráneas se hagan fuera de un radio de seguridad que no ponga en riesgo a las personas que aún habitan en el pueblo.
Efraín Arteaga, representante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y quien lleva litigios para defender a los habitantes, reconoció el compromiso de la presidenta de la CDHEZ, María de la Luz Domínguez Campos, por no ser «achichincle del gobierno«.
En un recorrido que hicieron medios de comunicación por Salaverna, sus pobladores relataron la presión que recibieron de las autoridades estatales para que abandonaran sus hogares, mediante un despliegue policíaco y de maquinaria pesada.
A 7 meses del hecho tienen muy presentes los momentos en los que estuvieron a punto de salirse de sus hogares, que iban a ser derrumbados para sumarse a los edificios públicos y decenas de casas ya en ruinas.
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