Guillermo Huizar Carranza, contralor del estado, señaló que la exgobernadora Amalia García Medina trata de “inhibir la acción de fiscalización en todas las instituciones públicas”, al interponer una demanda por daño moral.
El pasado viernes 10 de diciembre, la exmandataria de Zacatecas demandó al actual gobernador, Miguel Alonso Reyes, y el contralor Guillermo Huizar Carranza, luego de hacer públicas las irregularidades de su administración.
El contralor comentó que está obligado a respetar las acciones que ha tomado García Medina, por “disparatadas” y “fuera de lugar que estás sean”.
“Ella decidió poner una demanda como pudo haberse ido caminando al Cerro del Tepeyac”, contestó el funcionario.
Explicó que la demanda tiene una intencionalidad de inhibir la acción de fiscalización de las instituciones públicas de su administración y amenazó que esto no disminuirá el propósito del gobierno de ir hasta las últimas consecuencias de las investigaciones.
Hasta el momento, el 70% de exfuncionarios han sido notificados por la Contraloría del Estado para el deslinde de responsabilidades y la aportación de pruebas.
El contralor informó que del resto de exfuncionarios no han sido notificados porque no han podido ser localizados e incluso en este estatus se encuentra la notificación a la exmandataria, a quien en caso de no localizarse se publicará en los edictos de los periódicos.
Por ello, la Contraloría del Estado dará continuidad a las auditorías en enero y las dependencias fiscalizadas serán la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas.
Así como la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, y los Servicios de Salud de Zacatecas, algunas serán revisadas por primera vez y en otras se profundizará su revisión.
Hay investigaciones detenidas
En lo referente a la entrega “ilegal” de 390 concesiones de tránsito y las investigaciones del caso del helicóptero y de la Secretaría Particular no se les ha dado seguimiento hasta que concluya una parte de las auditorías.
Por lo anterior, el contralo señaló que está cerrando un programa de auditorías y éste continuará hasta notificar las sanciones que en su caso procedan.
En enero iniciará un paquete donde se incluirán la investigación de las concesiones de tránsito, de la Secretaría Particular y el caso del helicóptero de Gobierno del Estado que está descompuesto y que se cobró por su mantenimiento.
FOTO: JULIA AMADOR
