El gobernador de Zacatecas envió al Congreso local la iniciativa que adecua la ley a la realidad social actual para responder más efectivamente a las necesidades de la población.
Miguel Alonso Reyes argumentó que la realidad de Zacatecas y de México ha sufrido una transformación que obliga a tomar medidas, tanto administrativas como legislativas, en materia de impartición de justicia.
El Código Penal vigente en la entidad fue publicado el 16 de julio 1986, de ahí que se propongan reformas a más de 150 artículos.
La iniciativa fue presentada ante medios de comunicación, funcionarios estatales e integrantes del sistema de justicia en la entidad.
La reforma tiene 4 propósitos fundamentales:
- Homologar la terminología con el contexto que utiliza el nuevo Sistema de Justicia Penal.
- Incrementar penalidades en delitos recurrentes, alineándolas con las que se contemplan en la legislación del resto del país.
- Adicionar tipos penales no contemplados actualmente en la entidad.
- Derogar tipos penales cuyo bien jurídico está protegido en la legislación civil, familiar o por leyes generales recientemente aprobadas.
Alonso Reyes dijo que a la par de los esfuerzos que hace su gobierno en materia de prevención, educación, empleo y seguridad pública para hacer frente al fenómeno delictivo, la iniciativa propone incrementar sanciones penales en ciertos delitos.
Algunos son corrupción de menores, ejercicio indebido de funciones públicas, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, atentados contra la integridad de las personas, violación equiparada, asalto, homicidio, fraude, delitos en materia electoral, entre otros.
Tipifica, además, delitos como el que se denomina “facilitación del delito” o los comúnmente llamados “halcones”, contra la seguridad en medios informáticos y magnéticos, usurpación de identidad, feminicidio, operación con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, y contra el medio ambiente.
Propone derogar artículos que exentan de responsabilidad a los parientes que propicien la fuga de personas legalmente detenidas, así como a los encubridores ligados con delincuentes por amor, respeto, gratitud, amistad, entre otros motivos.
Deroga el adulterio, considerado como causal de divorcio, mientras que respecto al delito de violencia familiar, se propone que para que proceda no sea requisito que sea reiterada ni que ocurra en el domicilio familiar, e incluso aplica cuando los conyugues estén separados.
El “halconeo” será castigado
El procurador general de Justicia, Arturo Nahle García, dio lectura a la iniciativa de reforma al Código Penal, y destacó que se adhirieron capítulos como el de asociación delictuosa y facilitación delictiva.
Contempla de 2 a 8 años de prisión y multa de 100 a 300 cuotas de salario mínimo al que forme parte de una asociación o banda de 3 o más personas organizadas para delinquir, independientemente de la sanción que corresponda por el delito que cometa.
Se tipifica el delito de “facilitación delictiva”, o mejor conocido como “halconeo”, que tendrá sentencias de 5 años de cárcel y multas de 100 a 200 cuotas de salario mínimo.
“Ahora sí se podrá castigar a los jóvenes que se encuentran en los puentes peatonales y den aviso a los delincuentes sobre la presencia de corporaciones policíacas”, advirtió el procurador.
Uso de uniformes o patrullas “piratas” será sancionado
Sancionará con prisión de 1 a 3 años y multa de 100 a 300 cuotas a quien use vehículos, uniformes, insignias, distintivos o condecoraciones exclusivos de corporaciones de seguridad pública, procuración de justicia, centros de prisión preventiva o de ejecución de sanciones.
Suben penas máximas de 30 a 50 años
Se propone que en el artículo 21 se extiendan de los 30 hasta los 50 años las penas máximas, ya que antes ocurría que los sentenciados por diversas causas podían salir de la cárcel hasta en 15 años, pero ahora no será así.
Mayores castigos a servidores públicos delincuentes
Los artículos que castigan los delitos de peculado, contención, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas fueron reformados para que se incrementaran las penas.
El procurador comentó que recientemente se consignó a un alto funcionario por el delito de tráfico de influencias y negociaciones ilícitas y calificó su sentencia como “irrisoria”.
Los castigos van desde la inhabilitación de su cargo hasta de 1 a 10 años de prisión y multas de 200 a 300 cuotas de salario mínimo, según el delito.
Usurpación de identidad también será castigada
En este nuevo tipo penal, dijo el procurador que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) hizo hincapié de que fuera regulado este ilícito, debido a los cientos de denuncias existentes.
Se sancionará con prisión de uno a 4 años y multa de 200 a 300 cuotas a quien ejerza ilícitamente un derecho o use cualquier tipo de datos, informaciones o documentos que legítimamente pertenezcan a otro.
Delitos contra seguridad en medios informáticos y magnéticos
De 6 meses a 2 años de prisión y multas de 50 a 150 cuotas se impondrán a quien ingrese o use sin autorización, o excediendo la que tenga, a una computadora personal o dispositivo electrónico, a un sistema de red de computadoras, un soporte lógico de programas de cómputo o base de datos.
El procurador señaló que se castigará de igual forma a quien modifique, destruya o deteriore en forma parcial o total archivos, bases de datos o cualquier otro contenido en computadoras o dispositivos, así como el delito a piratería y el acceso a información confidencial.
Amenazas y extorsión
Prisión de 1 a 3 años y de 200 a 300 cuotas de salario mínimo al que amenace con cometer el delito, mientras que en el caso de extorsión será de 2 a 10 años de cárcel y multas de 50 a 100 cuotas.
Cuando el delito se cometa en contra de una persona mayor de 60 años de edad se impondrán de 3 a 14 años de prisión y multa de 100 a 200 cuotas.
Las penas se aumentarán en 2 terceras partes cuando el delito se realice por un servidor público, integrante o exintegrante de una corporación de seguridad pública o privada.
Se impondrá además, en estos casos, la destitución del empleo o cargo público y se le inhabilitará de 5 a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.
Feminicidio
Este ilícito, dijo el procurador, es uno de los más sentidos por la población y las asociaciones tanto estatales como nacionales han pugnado porque se castigue, pero en Zacatecas no se había tipificado.
Ahora se establece que el feminicidio es la privación de la vida de una mujer, por razones de género. A quien cometa feminicidio se le impondrán de 20 a 30 años de prisión.
Existen razones de género cuando se ejecuten en la víctima actos discriminatorios que atenten, menoscaben o anulen sus derechos humanos y sus libertades fundamentales.
La iniciativa es producto del esfuerzo conjunto del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Procuraduría General de la República, los institutos de las Mujeres Zacatecanas y de Ecología y Medio Ambiente, la Condusef, colegios y asociaciones de abogados y doctores en Derecho, además de organismos defensores de derechos humanos y de las mujeres.
FOTOS: OSVALDO MARTÍNEZ
