Fue presentada ante comisiones legislativas del Congreso del Estado una propuesta para crear una nueva Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
En ésta, se contempla una ampliación de responsabilidades de los sujetos obligados, resguardo de archivos públicos, autonomía constitucional a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), así como sanciones directas a funcionarios que violen la norma.
Víctor Hugo Hernández Reyes, secretario ejecutivo de la CEAIP, informó que luego de varias semanas de trabajo en coordinación con legisladores provenientes de diversos partidos, se logró concluir una iniciativa para reformar por completo la Ley a fin de mejorar sus contenidos y adecuarla a las necesidades actuales.
La propuesta fue coordinada por los diputados Noemí Berenice Luna Ayala, Francisco Javier Carrillo Rincón, Benjamín Medrano Quezada, Ramiro Rosales Acevedo y José Rodríguez Acevedo.
Luego de realizar modificaciones a la norma, presentaron este día a las comisiones correspondientes una nueva ley con articulado diferente que incluye más obligaciones para los entes públicos y novedades normativas.
Uno de los cambios que se propusieron fue aumentar indicadores de gestión específicos para cada sujeto obligado, los cuales deben ser publicados a través de las páginas de internet oficiales.
Asimismo, se establecieron el uso del sistema Infomex por parte de las autoridades públicas en la entidad para recibir solicitudes de información por parte de la sociedad y la definición de nuevos criterios para la información que sea clasificada como confidencial.
Hernández Reyes mencionó que se agregó un capítulo referente al manejo de archivos administrativos y otro sobre las unidades de enlace de acceso a la información.
También se pretende dar autonomía constitucional a la CEAIP a fin de que pueda sancionar económicamente a los servidores públicos que se nieguen a entregar datos solicitados por la sociedad, además de disminuir el tiempo que tiene el órgano garante para resolver las denuncias ciudadanas.
El secretario ejecutivo de la CEAIP aseveró que en el caso de las sanciones, éstas dependerán de la falta cometida por las autoridades como es actuar con negligencia, dolo o mala fe ante una solicitud, negar datos que son públicos y clasificarlos como privados o reservados a fin de ocultar información.
Otras acciones que pueden ser objeto de sanciones son comercializar los datos personales y no difundir la información de oficio en la página institucional de internet, para lo cual se establecen multas desde 50 hasta mil salarios mínimos en contra de los funcionarios que violen la Ley.
