MÉXICO, DF.- El coordinador de los senadores petistas, Manuel Bartlett Díaz; el vicecoordinador de su bancada, el David Monreal Ávila, y el asesor jurídico del Partido del Trabajo (PT), Jaime Cárdenas Gracia, interpusieron formalmente el recurso de amparo por el que solicitan la suspensión de la Reforma Energética.
En el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación presentaron la mañana de este martes el documento en el que exponen las presuntas violaciones al procedimiento legislativo en las que incurrieron el gobierno federal y los partidos que avalaron su aprobación.
En entrevista, Jaime Cárdenas explicó que a diferencia de otros amparos, éste pide la revocación del artículo 61 fracción primera de la Ley de Amparo, argumentando que se viola el derecho de todos los mexicanos para acceder a la justicia.
En el documento, dijo, se detallan las irregularidades en las que incurrieron el Ejecutivo y sus representantes en el Congreso para aprobar ‘fast track’ una reforma que debió ser conocida y discutida ampliamente por la sociedad mexicana.
“Existieron legislaturas locales, como el caso de Sonora, donde bastaron tan solo 7 minutos para aprobar esta modificación a los artículos 25, 27, y 28 constitucionales”, mencionó Cárdenas Gracia.
Otro de los puntos a destacar es la inexistencia de un dictamen de impacto presupuestal, el cual debe ser presentado de forma obligada con la reforma propuesta, tal y como se establece en el artículo 18 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El amparo presentado por los legisladores petistas, señala las siguientes violaciones al procedimiento legislativo:
Causas de procedimiento
• El Constituyente Permanente (cámaras del Congreso, legislaturas locales y el Ejecutivo) no tiene competencia para aprobar la reforma energética, debió ser un Constituyente Originario.
• Se incumplió con el artículo 18 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual establece que antes de la aprobación de una reforma, las comisiones deberán contar con el dictamen del impacto presupuestal de la reforma, el cual no se realizó.
• La celeridad inusitada en los congresos locales; en la mayoría de los estados se omitió la discusión en comisiones, para pasar el dictamen directamente a su votación en el pleno.
En algunos casos su aprobación tomó tan solo 3, 7 o 10 minutos (El Universal 17 de diciembre de 2013).
• Sustitución de la Comisión Permanente: el presidente de esta comisión, el diputado Ricardo Anaya, hizo la declaratoria de constitucionalidad, cuando el párrafo segundo del artículo 135 constitucional establece que cuando el Congreso de la Unión no está en funciones “la Comisión Permanente debe realizar el cómputo de los votos de las legislaturas” y es la Comisión Permanente la que debe hacer la declaratoria de la reforma. En este caso, no fue la C.P. quien hizo la declaratoria, fue el presidente de dicha comisión quien la realizó.
Violaciones de fondo
• La reforma viola decisiones políticas fundamentales. Dentro de la doctrina jurídica este tipo de decisiones no pueden ser alteradas por un órgano derivado o por un órgano revisor como es el Constituyente Permanente.
• El régimen de contratos, asignaciones y licencias que prevén el nuevo artículo 27 de la Constitución y el cuarto transitorio de esta reforma, van a violentar la soberanía nacional y la independencia de nuestro país.
Bajo este régimen México perderá el control de sus recursos energéticos. Este control pasará a las empresas extranjeras.
• Esta reforma violenta la soberanía de nuestro país porque los tratados de libre comercio protegen las inversiones extranjeras e impiden que las normas nacionales puedan regular esas inversiones. Se van a dificultar la expropiación y la aprobación de normas medio ambientales que regulen estas inversiones, es decir, México pierde soberanía con la aprobación de esta reforma.
• Todas las controversias jurídicas serán decididas en el extranjero y aplicando el derecho foráneo.
• La Reforma Energética violenta el concepto jurídico del Dominio Eminente que debe tener una nación sobre su territorio, al aprobarse esta reforma México entregará bloques de su territorio a las empresas extranjeras, para que ellas realicen las explotaciones lo que propicia la pérdida del Dominio Eminente que es la base del art. 27 constitucional.
• Con la aprobación se vulneraron los derechos de los pueblos originarios, porque no fueron consultados.
• Se violenta la Ley de Seguridad Nacional, porque el territorio es parte de la seguridad nacional y se perderá soberanía sobre los bloques de terreno entregados a las empresas extranjeras.
• La modificación constitucional implica que la plataforma de producción y explotación de los energéticos nacionales no se decidan en México, esta decisión estará a cargo de las empresas extranjeras, no del gobierno mexicano.
• Se tendrá que compartir la renta petrolera con extranjeros, una violación más del artículo 27 constitucional.
• Habrá consecuencias fiscales en detrimento de los mexicanos, la Reforma Energética privatizará los beneficios y socializará las pérdidas.
• Esta aprobación es una traición a la patria, tal como se indica en el artículo 123 del Código Penal Federal.
• Existe violación a los derechos de los trabajadores petroleros al expulsarlos del consejo de administración de Pemex.
• La reforma trastoca el régimen de la propiedad, anteriormente previsto en el artículo 27 al artículo octavo transitorio de la reforma, el cual establece que las actividades en relación con la explotación energética son preferentes y prioritarias a cualquier otra, el Estado va a tener la facultad de expropiar a particulares, comunidades o ejidos, el Estado Mexicano ya no expropiará para salvaguardar el interés general, ahora lo hará para beneficiar a las empresas petroleras extranjeras.
• La reforma generará poderes fácticos transnacionales y que se impondrán a las autoridades formales de nuestro país.
