Zacatecas tiene un nuevo instrumento jurídico para combatir a la delincuencia organizada gracias a la aprobación del la Ley de extinción de Dominio, mediante la cual se podrán quitar bienes usados por el crimen.
En medio del debate por la aprobación del presupuesto 2011, los diputados locales votaron esta ley al final del año, la cual fue enviada por el gobernador Miguel Alonso Reyes el pasado 14 de septiembre.
Para abril del 2011 esta nueva disposición legal deberá comenzar a aplicarse por jueces y Ministerios Públicos, a fin de quitar bienes que hayan sido utilizados por la delincuencia organizada, aunque se intenten ocultar con prestanombres.
Se consideran en dicha ley los bienes que hayan sido usados en un delito o se hayan adquirido producto de una actividad ilícita, incluso si pertenecen a un tercero -no involucrado en el delito- que tení conocimiento de lo que se hacía con su propiedad y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.
Mientras se realiza el trámite para la acción de extinción de dominio el Ministerio Público podrá solicitar al Juez las medidas cautelares que considere procedentes a fin de evitar que los bienes puedan sufrir menoscabo, extravío, destrucción y que sean ocultados o mezclados.
En la extinción de dominio no hay ninguna contraprestación o compensación para el demandado cuando pierde bienes o parte de los derechos que tiene sobre ellos.
Si concluido el procedimiento de Extinción de Dominio se supiera de la existencia de otros bienes propiedad del condenado, se iniciará nuevo proceso de extinción de los bienes restantes.
Se tendrá una Comisión Técnica Consultiva presidida por el procurador general de Justicia del Estado para valorar si es procedente la acción de extinción de dominio.
Para determinar el uso y la administración que se haga de los bienes se conformará una Coordinación Técnica conformada por la Secretaría de Finanzas, la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública, la Oficialía Mayor y la Contraloría General.
Esta ley busca detener uno de los incentivos de la actividad criminal, que consiste en que las autoridades se encuentran imposibilitadas para acreditar la procedencia ilícita de diversos bienes utilizados para la comisión de delitos, así como su relación directa con los imputados en un proceso penal.
Sin una legislación adecuada los grupos criminales logran evadir el decomiso de esos recursos mal habidos, generando con esto impunidad.
FOTO: GUILLERMO MORENO
