El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Carlos Regis Adame, llamó a que se inicie un debate sobre el sector semillero de México, en el marco de la aprobación del Dictamen de decreto que reforma la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV).
La reforma fue aprobada por la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Cruz López, de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Juan Carlos Regios exhortó a que los diputados asuman su responsabilidad a favor del campesinado y no de las trasnacionales, “protegiendo la agrobiodiversidad única de nuestro país e impidiendo su apropiación por intereses trasnacionales”.
Regis Adame aseguró que el dictamen fortalece la tendencia privatizadora promovida por las empresas semilleras transnacionales.
La reforma se aprobó por los senadores en noviembre de 2011 sin abrir un proceso de discusión amplio, de la misma forma pretenden aprobarla en los próximos días, dijo.
El legislador informó que la reforma a la LFVV tiene la intención de convertirla en el instrumento de protección a las variedades transgénicas, al incluir el concepto de variedades esencialmente derivadas, con lo que garantizan que en donde aparezca el constructo genético que da origen al organismo genéticamente modificado (transgénico) se requerirá la autorización del obtentor para su uso.
Agregó que la reforma amplía los conceptos de protección a los obtentores, “que predominantemente son compañías transnacionales, no solo al introducir cambios en la definición de variedad vegetal, sino al introducir el concepto de variedades esencialmente derivadas y el concepto de producto de la variedad, que comprende a todas las partes de la planta, para consumo humano, animal o industrial”.
Denunció el legislador que se promueve una Ley para fortalecer el tratamiento de las semillas como bienes privados y que reduce los derechos del agricultor, y sobretodo para proteger al obtentor.
El diputado zacatecano advirtió que “la reforma propone un incremento de las sanciones, y asimismo, permite una mayor discrecionalidad al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), entidad que se propone convertir en agencia investigadora y juzgadora de los presuntos infractores, generalmente agricultores”.
Además de imponerles multas impagables para el común de los campesinos, les podrá impedir el uso de por vida de sus predios, por considerar la clausura definitiva de los lugares o establecimientos donde se haya utilizado la variedad vegetal protegida.
Finalmente, Juan Carlos Regis aseguró que se nulificarán los derechos de agricultores en la actual Ley, ya que, “limita su derecho a producir su propia semilla y material de propagación para usarlos en sus unidades de producción, situación grave si tenemos en cuenta que en nuestro país, más del 80 por ciento de los agricultores realiza esa práctica”.
De igual manera, “limita drásticamente el uso de las variedades mejoradas por los fitomejoradores, que es uno de los procedimientos básicos de generación de nuevas variedades”.
