Fue presentada en la Legislatura local una solicitud del alcalde de Guadalupe para tener derecho de audiencia ante el procedimiento de desafuero en su contra, la cual fue entregada por uno de sus abogados, quien asegura que él y su esposa, María de Jesús Solís Gamboa, se encuentran en el estado.
Darío Gamón Rodríguez indicó que apenas este jueves por la mañana su cliente Julio César Chávez Padilla recibió en la presidencia la notificación sobre este procedimiento, relacionado con su presunta participación en el homicidio del abogado Raúl Calderón Samaniego.
Un par de horas después se encontraba su defensor jurídico en el recinto legislativo, donde había el rumor de que este mismo jueves podría desaforarse y retirarse del cargo al alcalde en una sesión.
Darío Gamón explicó que podían transcurrir 10 días, a partir del día siguiente de la notificación, para darle la oportunidad al servidor público de presentarse, pero en el caso del edil de Guadalupe si le quitasen el fuero este jueves lo privan de su derecho a una audiencia.
Recordó que hace 3 años la Fiscalía General de Justicia del Estado solicitó que se quitara el fuero al entonces alcalde de Mazapil, Gregorio Macías Zuñiga, para ser investigado por presuntos hechos de corrupción.
En este caso, agregó, se dio el plazo de 10 días para analizar el expediente e incluso se tuvo acceso a la carpeta de investigación, de la cual también tuvo conocimiento el entonces alcalde mazapilense, lo cual no se está haciendo con Julio César Chávez.
El abogado indicó que al no saber qué contiene la carpeta de investigación ni siquiera saben si la esposa del alcalde tiene una orden de aprehensión en su contra, pues solo se ha manejado en los medios de comunicación, así como muchos rumores en redes sociales de lo que supuestamente ocurrió.
De tener una orden de aprehensión, agregó, los abogados también representarían a María de Jesús Solís, presidenta honorífica del DIF Municipal, pero al no tener acceso a la carpeta de investigación de la Fiscalía desconocen su situación.
Darío Gamón indicó que la Fiscalía no ha citado a declarar al presidente, lo cual podría hacer, pero optó por la vía de solicitar a una jueza de control una orden de aprehensión de manera directa y, para que proceda, debe hacerse primero el trámite de desafuero y retiro del cargo de Julio César Chávez.
Consideró que los diputados deben tener acceso a la carpeta de investigación para analizar el caso, al igual que darle el derecho de audiencia a su cliente en el plazo de 10 días, que contarían a partir de este viernes, y no votar unas horas después que fue notificado el acusado.
Otro de los recursos que los abogados podrían presentar es el de recusación contra algunos diputados, es decir, que no intervengan en el procedimiento de desafuero porque su imparcialidad está en duda.
Se refirió a la situación del diputado Enrique Laviada Cicerol, presidente de la Junta de Coordinación Política e integrante de la Comisión Jurisdiccional, quien en una entrevista expresó que votaría a favor del desafuero, antes de que siquiera se elaborara un dictamen.
El abogado no precisó dónde se encontraba Julio César Chávez, quien este miércoles emitió un comunicado en el que asegura que es inocente y presentará las pruebas para defenderse, pues consideró que se trata de un ataque político.
El desafuero y retiro del cargo obedecen a una solicitud de la Fiscalía que lo vincula como probable partícipe como coautor en el homicidio y robo calificado cometidos en contra de Raúl Calderón, quien fue encontrado asesinado en su domicilio el pasado 2 de enero.





