Funcionarios estatales aseguraron que la oposición al segundo piso del bulevar es mínima y solo existen 8 juicios de amparo con menos de 50 quejosos, y aunque hay un amparo de suspensión definitiva esperan revertir la resolución, que consideraron sesgada, para continuar con las obras.
Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario General de Gobierno, fue contundente al señalar que detrás de los amparos existen intereses políticos disfrazados de defensa ciudadana o ambientalista.
“La oposición no ha aportado argumentos legales. En cambio, el proyecto genera empleo, inversión y desarrollo. 1.000 empleos dependen del viaducto. Son más que los quejosos”, ironizó.
El funcionario también acusó de hipocresía a los detractores del proyecto por usar hoy un discurso conservador, cuando anteriormente, desde sus espacios políticos, votaron a favor de la obra.
Asimismo, denunció lentitud y falta de objetividad en el proceso judicial, al considerar que el juez actuó con “animadversión” hacia los gobiernos estatal y federal.
En ese sentido, Rodrigo Reyes aprovechó para respaldar la reforma judicial que plantea la elección de jueces por voto popular, al asegurar que así “rendirán cuentas al pueblo” y evitarán resoluciones “sesgadas” como la que mantiene detenida la obra.
Tras la suspensión definitiva que ordena frenar la construcción del viaducto elevado en la capital, las autoridades en conferencia de prensa insistieron en que la ciudadanía respalda mayoritariamente la obra.
Ángel Manuel Muñoz Muro, coordinador General Jurídico, sostuvo que el fallo ignora estudios elaborados por la Universidad Autónoma de Zacatecas y otras instancias oficiales, priorizando en cambio notas periodísticas y opiniones de asociaciones civiles.
“Estamos hablando de 8 juicios de amparo que suman menos de 50 personas, algunas de ellas ni siquiera residentes de Zacatecas. No es un gran movimiento social, es un grupo menor que ha intentado influir sin éxito en el pasado”, sentenció Muñoz Muro.
Consideró que el juzgador basó su decisión en notas periodísticas y no en los documentos técnicos ni en las autorizaciones emitidas por instituciones federales y estatales.
Aseguró que el proyecto cuenta con todos los permisos requeridos y recalcó que la obra se encuentra fuera de zonas protegidas y de amortiguamiento del Centro Histórico, por lo que no representa una amenaza para la declaratoria de patrimonio.
Criticó que el juez haya desestimado estos elementos y haya otorgado la suspensión con base en presuntas pruebas poco sólidas. Asimismo, acusó de politizar el caso al alcalde de Zacatecas, al no haber respondido formalmente en los procesos judiciales.
Proyecto con aval oficial, asegura Gobierno del Estado
Durante la conferencia, los funcionarios presentaron un resumen técnico y legal del proyecto, subrayando que el viaducto cuenta con todos los permisos necesarios:
Impacto ambiental: Avalado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que concluyó que no existe daño irreversible al medio ambiente.
Impacto patrimonial: Un estudio externo, certificado y enviado a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), determina que la obra no se ubica dentro de la zona núcleo ni de amortiguamiento del Centro Histórico, Patrimonio Mundial.
Autorizaciones del INAH: El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aprobó el tramo intervenido al no considerar que afecte monumentos históricos.
Convenio con la SICT: El tramo federal donde se realiza la obra fue autorizado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
El secretario de Obras Públicas, José Luis de la Peña Alonso, reiteró que el proyecto fue licitado como una obra integral en la que la empresa constructora es responsable de todos los estudios y permisos.
Sin cancelación, pero con pausa indefinida
Por ahora, la obra está detenida. La empresa constructora, si bien no ha presentado demandas formales contra el Gobierno del Estado, ya resiente afectaciones económicas por la interrupción del proyecto.
José Luis de la Peña destacó que el gobierno sostuvo que los recursos no se han perdido, sino que están en pausa, a la espera de que se resuelva el litigio.
“Vamos a acudir a revisión y, si es necesario, a la audiencia constitucional. No dejaremos que esta obra se detenga por intereses mezquinos”, sentenció Rodrigo Reyes.
Y aunque legalmente la suspensión definitiva no implica cancelación, lo cierto es que el avance del proyecto ahora depende de la resolución de tribunales colegiados sin que se tenga una fecha estimada para que se resuelva el asunto.
