El proyecto del Viaducto Elevado sobre el bulevar Adolfo López Mateos y la calzada Héroes de Chapultepec, conocido como el “segundo piso”, ha sido suspendido de manera definitiva por orden del Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
Los motivos son la falta de autorizaciones necesarias y el riesgo que representa para la categoría de Patrimonio Mundial otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) al Centro Histórico de Zacatecas.
La decisión judicial fue emitida por el juez Juan Antonio Huerta Vázquez, quien resolvió favorablemente 2 juicios de amparo promovidos por ciudadanos y colectivos como Ciudadanía Participativa.
En su fallo, el juzgado reconoció que la construcción del viaducto vulnera derechos colectivos relacionados con la protección del patrimonio cultural e histórico, al ubicarse en los límites de la zona de amortiguamiento que resguarda el valor universal excepcional de la ciudad.
Sin permisos ni aval de la Unesco
Entre los elementos clave que sustentan la resolución está la inexistencia de una autorización formal por parte del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, indispensable para intervenir áreas protegidas.
De acuerdo con las directrices internacionales, cualquier modificación en zonas de amortiguamiento requiere un proceso de revisión internacional, mismo que el Gobierno del Estado omitió por completo.
Tampoco se acredita que la Secretaría de Obras Públicas haya obtenido los permisos necesarios del Ayuntamiento de Zacatecas, ni que las licencias expedidas por autoridades estatales tengan sustento legal suficiente para validar el inicio de los trabajos.
La resolución judicial es clara: ni siquiera las labores preliminares pueden continuar mientras no se resuelva de fondo la constitucionalidad del proyecto.
Costo millonario y dudas sobre transparencia
La obra, licitada por más de 3 mil 652 millones de pesos a Grupo Hycsa, ha generado polémica no solo por su posible impacto visual y urbano, sino por el elevado costo: un millón de pesos por kilómetro en un tramo de apenas 3.5 kilómetros.
La falta de transparencia en el proceso también ha sido motivo de críticas. Según documentos obtenidos por los promoventes del amparo, diversas dependencias estatales entregaron permisos fragmentarios o fuera de plazo.
Estudios técnicos fundamentales, como las evaluaciones de impacto patrimonial, presentan deficiencias o no fueron debidamente revisados por instancias federales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) México.
El abogado Jorge Rada Luévano, representante legal de los promoventes, celebró la decisión como un triunfo ciudadano frente a la inacción de las autoridades municipales.
“Sin el apoyo del municipio, la ciudadanía participativa logró hacer valer el derecho humano al patrimonio cultural”, expresó tras darse a conocer la suspensión.
Rada Luévano también denunció el incumplimiento del presidente municipal Miguel Varela, quien previamente se había comprometido a proporcionar documentación clave sobre el proyecto y su legalidad, pero nunca cumplió con su palabra.
“Esa omisión habla de una clase política que ha perdido credibilidad”, lamentó el abogado.
El futuro del proyecto, en vilo
A pesar de la suspensión definitiva, el litigio aún no concluye. Las audiencias constitucionales que resolverán el fondo del amparo podrían diferirse debido a que las autoridades señaladas como responsables no han rendido los informes que exige el juzgado. Esto podría retrasar aún más cualquier intento de reactivar la obra.
La primer suspensión provisional obligó a las autoridades a detener los trabajos el 14 de marzo; a pesar de ello, desde esa fecha continúan la maquinaria y conos en el bulevar, generando congestionamiento vehicular.
El avance de los trabajos que se tenía era en la perforación de hoyos para rellenarlos de concreto y cimentar las columnas del Viaducto Elevado, además de ir quitando el muro de contención.
