La diputada María de la Luz Domínguez Campos dio lectura a la Iniciativa de Ley de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Estado de Zacatecas.
Esta iniciativa obliga a llevar a cabo un proceso de armonización legislativa, de modo tal que las disposiciones federales sean plenamente compatibles con las de carácter estatal y municipal.
Propone instrumentar un marco jurídico armónico con las disposiciones federales, pero también con los instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes que crean obligaciones para el Estado Mexicano.
De acuerdo con el índice de medición de la calidad de Leyes en materia de derechos de la infancia, dado a conocer por la legisladora, se desprende que la Ley Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Zacatecas, obtuvo una calificación de 28 puntos de una escala de 50 puntos.
Mencionó que esto permite observar que a dicho ordenamiento jurídico le faltan diversos aspectos contenidos en la Convención de los Derechos del niño (CDN).
“Es necesaria una nueva ley que tenga su fundamento en la doctrina garantista, misma que se adecua plenamente a las nuevas disposiciones jurídicas constitucionales en materia de derechos humanos y que permite reconocer a los niños y adolescentes como sujetos de derechos frente al Estado, la familia y la sociedad con el fin de asegurar el ejercicio pleno de sus derechos para lograr su protección integral”, dijo la diputada.
Una de sus principales propuestas, entre otras, es la creación un Consejo de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Estado de Zacatecas, como órgano permanente de coordinación, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.
Este órgano sería ejecutado por las autoridades estatales y municipales en materia de niñez y adolescencia, así como de concertación entre los sectores público, privado y social.
El objetivo es promover, proponer y concertar acciones que favorezcan al pleno cumplimiento de los derechos de los niños.
Asimismo, se incorporan los 10 puntos estratégicos planteados por el Fondo de la Naciones Unidas por la Infancia en México (UNICEF), su Consejo Consultivo y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), y la asociación civil ODISEA, tales como garantizar salud, nutrición, alimentos, agua potable, educación, participación e información y servicios de salud sexual y reproductiva, entre otros.
Integra también un capítulo de responsabilidades familiares, otro de sanciones por incumplimiento de la ley y define con claridad las responsabilidades de diferentes Instituciones del estado.
Finalmente, De la Luz Domínguez exhortó a sus compañeros a conocer a profundidad este nuevo ordenamiento a favor de los derechos de los niños y adolecentes y a que en su debido momento procesal oportuno la aprueben.
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