9 años se cumplieron el pasado 30 de julio de que estallaron las huelgas en la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas; Taxco, Guerrero, y Cananea, Sonora, las cuales aún no encuentran solución.
Más de 2 mil trabajadores sindicalizados han sido afectados en las 3 secciones, directamente, aparte de colaboradores y contratistas, desde el inicio del conflicto que se debió principalmente a que las condiciones en sus centros de trabajo eran inseguras.
Jesús Jiménez, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que dirige Napoleón Gómez Urrutia, hizo un llamado al gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, a que intervenga.
Recordó que este 6 de noviembre se cumplirán 4 años de que agremiados al Sindicato Minero ganaron un recuento de votos para asumir la titularidad del Contrato Colectivo del Trabajo en la unidad minera San Martín, perteneciente a Grupo México.
Sin embargo esta sigue tomada por gente cercana a la empresa y a «sindicatos charros», pertenecientes a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) que disputaban dicha titularidad, señaló Jiménez.
Denunció que los gobiernos municipales, estatales y federal se prestan al servicio de unos cuantos empresarios millonarios y no les interesa la clase trabajadora ni las fuentes de empleo.
«Yo sí le quiero pedir al gobernador Miguel Alonso que ya intervenga, que se deje de estar del lado de las empresas y que saque a esa agente que nada tiene que hacer en la mina San Martín», expresó Jesús Jiménez.
Añadió que también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPyS) «mañosamente» no quiere reconocer que en San Martín correspondía el triunfo a este Sindicato Minero, pues está del lado de las empresas.
Otra exigencia es que se resuelva el caso de Juventino Flores Salas, quien fue muerto a balazos en un enfrentamiento armado en Fresnillo, desde junio de 2010, que se pidió resolver desde el gobierno de Amalia García Medina y luego en el de Miguel Alonso, sin castigar al culpable.
Mencionó que el gobernador entrante, Alejandro Tello Cristerna, ha tenido acercamientos con el sindicato «a modo» dirigido por Carlos Pavón.
Por ello, pidió que tenga ese acercamiento con el sindicato democrático que él representa, y que resuelva el asesinato de Juventino Flores.
Jesús Jiménez pidió a sus compañeros que no decaigan, y puso como ejemplo a los maestros que no se han doblegado, para demostrar que «quienes tenemos la razón y la justicia somos la clase trabajadora».
Económicamente se han mantenido los afectados con un apoyo que les hace llegar Gómez Urrutia, de 1200 pesos por semana, lo que ha sido difícil pues las cuentas del sindicato fueron congeladas por el gobierno federal.
Jiménez dijo que ha sido víctima de persecución y pesan sobre él órdenes de aprehensión, de las que se mantiene libre bajo amparos.
También Gómez Urrutia ha sido perseguido, y aunque ya no hay órdenes en su contra «no lo vamos a arriesgar», dijo el minero, pues el gobierno federal no le da garantías.
Aunque ya se interpusieron quejas ante derechos humanos a nivel nacional, se están llevando a nivel internacional, pues el gobierno federal es un «títere» de empresarios como Alberto Baillères, de Grupo Peñoles; Germán Larrea, de Grupo México, y Carlos Slim, agregó.
