El adolescente quedó desprotegido al no dictarse medidas asistenciales para su protección especial y la de su familia, una obligación del sistema de justicia, consideraron la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para todos (Odisea) A.C.
De acuerdo con un texto publicado en la página de Facebook de Odisea, la liberación del joven de 13 años y el posterior hallazgo de su cuerpo entre un grupo de 5 personas asesinadas en el municipio de Morelos es un hecho que muestra la forma en la que el Gobierno del Estado evade su responsabilidad.
El adolescente fue detenido el 3 de febrero en un operativo en el que se capturó a integrantes del crimen organizado, sin embargo fue liberado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas debido supuestamente a que no había cumplido los 14 años, explican.
Las organizaciones consideraron falta de claridad en las causas de la liberación ya que, de acuerdo con la Ley de Justicia para Adolescentes en el estado, se establece que con 13 años y medio un adolescente es sujeto de esta ley y de sus procedimientos lo que lo hace acreedor a las medidas de sanción y reintegración social.
Afirman que de haber sido presentado inmediatamente ante un juez especializado éste hubiera tenido que verificar la legalidad de la detención, verificar si los elementos aportados por el ministerio público eran suficientes para vincularlo a proceso, dictar medidas cautelares en tanto se llevaba a cabo el juicio para proteger su integridad.
Como resultado del juicio, apuntan en el documento, se hubiera emitido una sentencia con el fin de rehabilitar socialmente al adolescente, lo cual no ocurrió.
En el documento se detalla:
La Procuraduría presentó a este niño ante la opinión pública como confeso y culpable, violando la presunción de su inocencia (Art. 23), sin presentarlo ante el juez, cuando de acuerdo con la Ley de Justicia para Adolescentes en el estado “No tendrá valor probatorio la admisión de los hechos por parte del adolescente salvo que sea hecho ante el juez con la presencia de su abogado defensor y siempre que haya tenido la oportunidad de entrevistarse previamente y en privado con éste.” (Art.106).
La Procuraduría del Estado centró la comunicación hacia medios en el llamado “niño sicario” estigmatizando y criminalizando al adolescente sin haber presentado las pruebas al juez.
Se difundió además su nombre completo violando con ello su derecho a la privacidad y colocándolo en grave riesgo para su vida, ya que podría ser fácilmente identificado por grupos criminales o funcionarios corruptos, quienes podrían verse afectados por información de la cual disponía.
Este hecho ha motivado que las autoridades llamen a la reducción de la edad penal, lo que muestra en realidad una acción de «evasión política» de su responsabilidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado “elevar progresivamente la edad mínima bajo la cual los niños pueden ser responsables conforme al sistema de justicia juvenil hacia una edad más cercana a los 18 años de edad” y dejar el internamiento sólo para los casos más graves.
En este contexto recordamos que de forma reciente el estado mexicano retiro la Declaración Interpretativa sobre el “Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en Conflictos armados de la Convención sobre los Derechos del Niño” a partir del cual se instaura la obligación del Estado de adoptar medidas legislativas y de política pública para impedir el reclutamiento y la utilización de niñas, niños o adolescentes por parte de los grupos armados no estatales.
Recordamos que el Comité sobre los Derechos del Niño (4 de febrero, 2011) emitió las siguientes recomendaciones al estado mexicano:
30. El Comité insta al Estado Parte a que:
- Adopte medidas adecuadas para proteger a los niños de las acciones militares y policiacas en el contexto de las medidas para mantener la seguridad pública, así como de la violencia armada por los grupos armados no estatales;
- El Comité alienta al Estado Parte a crear un mecanismo de identificación de los niños que puedan haber sido reclutados o utilizados en hostilidades y a tomar las medidas necesarias para su recuperación física, psicológica y su reintegración social.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para todos (Odisea) A.C., exhortamos:
Al Gobierno de Zacatecas, al Tribunal Especializado de Justicia para adolescentes y a la Procuraduría del Estado de Zacatecas a:
- Aclarar públicamente el proceso llevado a cabo con el adolescente.
- Fincar responsabilidad de los funcionarios que estuvieran involucrados, en caso de que hubiera violaciones al debido proceso y a los ordenamientos de la Ley de Justicia de Adolescentes del estado de Zacatecas, en el caso que referimos.
- Llamamos también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Zacatecas para que inicie una queja de oficio y haga las recomendaciones necesarias en el marco del debido proceso y la legalidad dentro del marco de Justicia para adolescentes.
Al Gobierno Federal a:
- Retomar los trabajos de la Mesa Interinstitucional para atender a niñas, niños y adolescentes víctimas en escenarios del crimen organizado y la aplicación de los tres protocolos desarrollados para orientar el actuar de las fuerzas de seguridad.
- Avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos del Niño de la ONU en relación a la urgente protección de niñas y niños en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
- Desarrollar un plan de prevención, protección e inclusión social para adolescentes vinculados a grupos armados no estatales para que en casos como el de Edgar «Ponchis» reciba protección especial, luego de su liberación en diciembre, a fin de que no se repita un hecho tan lamentable como el ocurrido en Zacatecas.
- Avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Garantía de Derechos de la Infancia, entendido como la articulación de los sistemas de asistencia, educación, salud, desarrollo social y de justicia para que se logren articular las políticas públicas, programas e instituciones que atienden a la niñez.
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