Miguel Alonso Reyes revisó junto con Armando Ávalos Arellano, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEZ), los procedimientos de ley para que los presuntos delincuentes detenidos por autoridades estatales y federales reciban penas condenatorias.
En reunión del Grupo de Coordinación Local (GCL), a la que fue invitado Ávalos Arellano, el gobernador pidió al Poder Judicial hacer un análisis de los ordenamientos legales y las especificaciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal, sobre todo en el actuar policial.
Alonso Reyes manifestó el interés de las instancias estatales y federales que conforman el GCL en que exista una plena coordinación con el Tribunal y que los presuntos delincuentes detenidos, incluso en flagrancia, no logren su libertad si son culpables de algún delito, pues es importante que «quien la haga la pague».
Indicó que desde el seno del GCL ha existido un apoyo incondicional para la instalación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que todas las instancias colaboran en la capacitación de los elementos policiales respecto del rubro del «Primer Respondiente».
En todo momento se busca el respeto a los derechos humanos de los detenidos, el resguardo de la escena y la cadena de custodia, para que quien cometa algún delito reciba la sanción que le corresponde y la sociedad se dé cuenta de que las autoridades dan cumplimiento a la prevalencia del Estado de Derecho, agregó Miguel Alonso.
Ávalos Arellano agradeció la invitación y la confianza depositada en el Poder Judicial para emprender una estrategia de revisión de procedimientos, mediante los cuales ambos poderes del Estado lleven la aplicación de la Ley a buenos términos en beneficio de la sociedad.
Estimó muy relevante la capacitación que han recibido los elementos policiales y de las fuerzas armadas en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, pues es una garantía para aplicar la Ley en contra de sus transgresores.
Anunció que tras este acercamiento con las instancias de seguridad estatales y federales en la entidad, encabezadas por el gobernador, convocará a jueces y magistrados a tener un mayor acercamiento, además de revisar cada caso, porque nadie puede estar fuera de la ley.
Ávalos Arellano abrió una puerta de comunicación para que en caso de alguna duda procedimental sobre cierta detención se puedan aportar todas las pruebas necesarias, a efecto de que el órgano judicial actúe conforme a Derecho y en estricto apego a los derechos humanos.
Leticia Soto Acosta, procuradora del estado, y Raúl Izabal Montoya, delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), se comprometieron a iniciar los lazos de comunicación con el TSJEZ para que cada Carpeta de Investigación quede totalmente fortalecida, con las pruebas necesarias, para que los detenidos reciban penas condenatorias.
Ambos manifestaron su interés en que las órdenes de cateo y de aprehensión, cuando se tiene la certeza de la comisión de un delito, no sean impedimento para hacer valer la ley en contra del o los transgresores.
Sergio Alberto Martínez Castuera, comandante de la 11 Zona Militar y Jesús Pinto Ortiz, secretario de Seguridad Pública, reconocieron la disposición del Ávalos Arellano, pues ese apoyo fortalecerá el espíritu de los elementos que se ven «desanimados» cuando observan que un delincuente detenido es puesto en libertad.
