Miguel Alonso Reyes exigió que las sanciones aprobadas por el Congreso local contra funcionarios, dependencias estatales, municipios y la UAZ lleguen hasta sus últimas consecuencias en cada caso.
La Legislatura aprobó la sanciones resarcitorias ante el faltante de recursos en sus arcas financieras conforme a las Cuentas Públicas de los ejercicios 2009 y 2010.
Además de las medidas resarcitorias contra quienes “desfalcaron” las finanzas de las dependencias u organismos públicos, también pidió que se establezcan extensiones de inhabilitación a los funcionarios.
«Que lleguen hasta su aplicación, porque en muchos casos se establece, se da a conocer, pero la propia normatividad evita que se puedan realmente aplicar estas sanciones», a pesar de que todos los servidores públicos están sujetos a las sanciones resarcitorias.
Exhortó al Congreso local a que se resarza económicamente y no como suele suceder debido a la complejidad normativa que a veces “no queda en nada”.
«Si a un presidente municipal que ha concluido su administración se le establecen medidas resarcitorias, de acuerdo a la ley, quien está obligado a cobrarle es el tesorero municipal», situación que calificó como un absurdo, pues difícilmente se lleva a la práctica y exhortó a modificar la reglamentación de esta ley.
En el marco de este panorama, destacó la tarea de evitar la impunidad, la evasión de responsabilidades.
Durante la sesión de ayer jueves en el Congreso del Estado se autorizó fincar responsabilidades administrativas -de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos- a municipios, la Universidad y dependencias estatales por un monto de 33 millones de pesos.
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