Continúa la lucha por que regresen a los internos del Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, que fueron trasladados a penales federales el pasado 30 de marzo en medio de un motín y un intenso operativo.
Familiares exigen que se destituya al director del centro penitenciario, Ramiro del Muro Troncoso, y al subdirector José Luis Gallegos por diversas irregularidades y abusos que consideran que hubo cuando se llevaron a 398 personas privadas de su libertad.
Dentro del proceso legal que están llevando, este mismo martes presentarían una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) en contra de ambos funcionarios, así como elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva (PEP) y custodios que participaron en el operativo.
Los delitos de los que los acusan son abuso de autoridad, lesiones y el robo de sus pertenencias, pues luego de que se los llevaron no les fueron entregadas.
Para informarse sobre la legalidad de los traslados se reunieron por la mañana con Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ).
“No nos dio una respuesta muy favorable”, dijo Rocío, quien fue nombrada por sus compañeras de lucha como portavoz, y comentó que el magistrado les aseguró que todo se hizo siguiendo los protocolos legales, pero ellas están seguras de que no es así.
Relató que les comentó que él no estaba siquiera enterado del traslado sino hasta el día siguiente que lo vio en los medios de comunicación, y fue hasta el Jueves Santo que reunió a todos los jueces para que dieran su autorización.
Les recomendó, sin embargo, continuar con los procesos legales que están siguiendo, para ver si logran el regreso de algunos internos. “Nos dijo que demos hasta donde tengamos que dar, con tal de que nos lo regresen”, comentó Rocío.
Ya interpusieron apelaciones en la Defensoría Pública, pero lo que pretenden es que les concedan un amparo, comentó la familiar, quien insistió en la mayoría de ellos no son del fuero federal, sino del común y no tenían por qué llevárselos.
Reprochó que hay personas que no tienen recursos para trasladarse con sus internos para verlos, cuando hay casos como el de una persona que está en Oaxaca, que a su hijo le quebraron las costillas y tiene una trombosis.
Se siguieron los protocolos legales, de acuerdo con Arturo Nahle
De acuerdo con información del propio Tribunal, los protocolos sí se siguieron como es debido, pues el traslado se llevó a cabo el lunes 30, y la autoridad penitenciaria tiene 24 horas para notificárselo al juez.
A partir de ese momento, éste tiene 48 horas para calificar su legalidad, que en este caso se cumplían el jueves 2 de abril.
Arturo Nahle informó que, aunque varios de los internos estaban amparados contra sus sentencias, esto no los protegía de que se los llevaran, pues ninguno lo estaba contra el traslado.
Comentó que a los procesados sin sentencia sí les afectaría su traslado, pues las audiencias tendrán que ser por videoconferencia, y existen problemas técnicos debido a los inhibidores de señal que se tienen en los penales.
De los 398 reos trasladados, cerca de 50 sus sentencias no están firmes, pues hay apelaciones o amparos pendientes de resolverse.
