Integrantes de la asociación de Concesionarios del Trasporte Urbano y Suburbano de Zacatecas, expresaron en el vestíbulo del Congreso local que en la Secretaría de la Función Pública (SFP) se inició una investigación por algunas irregularidades, entre ellas la presunta participación de funcionarios estatales.
A raíz de la incertidumbre que los embarga, los concesionarios del transporte dijeron haber acudido con el titular de la SFP, Guillermo Huizar Carranza, quien les informó sobre el proceso que lleva en la dependencia.
El presidente de la asociación, Sergio Velázquez, informó que varios de sus compañeros invirtieron en un programa de renovación de transporte público para tener nuevas unidades, sin embargo no han obtenido respuesta en la entrega.
Fue este motivo el que los orilló a que los concesionarios decidieron indagar sobre la situación y solicitaron información al secretario de la Función Pública.
Sergio Velázquez, informó que «el contador nos dijo que desde el año pasado se está realizando una investigación profunda en el programa de Mejoramiento del Transporte, sin embargo nos precisó que en el 2011 el gobierno del estado encabezará la denuncia, debido a que sí se encuentran involucrados funcionarios».
Recalcó que las observaciones del 2011 fueron hechas a la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTyV), y debido a ello se decidió modificar las reglas de operación del programa para el 2012, y agregó que lo que provocó que se eximiera de responsabilidades al gobierno y permitió que la empresa Cerval saliera beneficiada con la venta de autobuses nuevos.
Además, dijo que en la modificación de las reglas de operación, el recurso que llegó de la federación se entregó al proveedor mediante una sesión de derechos de cobro por 300 mil pesos, lo que no permite que el gobierno del estado demande a cualquiera de los proveedores que hayan participado en el programa.
Los concesionarios dijeron estar preocupados por el dinero que invirtieron en la modernización y la renovación de sus vehículos, ya que hay varios concesionarios que aún no les entregan sus unidades, entre ellas a Transportes de Guadalupe, empresa que renovó 23 y aún le faltan 15.
Programa impulsado por Claudia Anaya Mota
El dirigente de los concesionarios subrayó que el objetivo del programa federal impulsado por quien fuera diputada federal y actual candidata a diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es la instalación de una rampa que proporcionara mayor accesibilidad a las personas con alguna discapacidad.
El aditamento sería tanto para los autobuses nuevos como para los usados y tendría un costo de 120 mil pesos por unidad, pero al ingresar al programa los concesionarios podrían recibir 300 mil pesos para mejoras o incluso la modernización de los camiones.
Sin embargo, reprochó «pero alguien en la dirección de tránsito nos obligó a recibir el beneficio a cambio de obtener unidades, lo que se tradujo en el fraude a inversionistas zacatecanos».
Las investigaciones en la Secretaría de la Función Pública están enfocadas a fincar responsabilidades en contra de los servidores públicos que presuntamente pudieran estar relacionados en el problema, pero no actuarían contra la empresa por tratarse de un ente privado.
FOTO: OSVALDO MARTÍNEZ
