Ordena Comisión proporcionar información solicitada
El Instituto Tecnológico Superior Norte con sede en Río Grande negó a un ciudadano datos sobre el uso de fondos económicos bajo el argumento de ser privados, lo cual motivó una denuncia ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP).
Este organismo resolvió que la autoridad educativa debe revelar la información en un plazo no mayor a ocho días hábiles, pues se trata de recursos públicos.
Un ciudadano, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas (LAIPEZ) y bajo el sistema Infomex, solicitó a la Unidad de Enlace del Instituto Tecnológico Superior Norte los estados financieros del organismo educativo.
Asimismo, le pidió la lista de beneficiarios por arrendamiento y compra de gasolina, importes por bienes adquiridos, nómina completa de funcionarios activos y copia de los nombramientos expedidos a directores.
Antes de los 20 días hábiles que establece la ley para entregar la información, el solicitante recibió respuesta del Instituto, sin embargo entabló una inconformidad ante la CEAIP debido a que los estados financieros estaban incompletos.
Le fue negada la entrega de gastos del Capítulo 1000, los beneficiarios de la entrega de recursos, el total de activos adquiridos, los ingresos propios, los nombramientos de funcionarios y la nómina, ésta última bajo el argumento de ser privada.
El pleno de la CEAIP, integrado por los comisionados Juana Valadez Castrejón, Jaime Cervantes Durán y Jesús Mendoza Maldonado, revisó la inconformidad y las pruebas presentadas por la dirección general del Instituto Tecnológico.
La institución educativa argumentó que la nómina, el gasto en gasolina y en rentas, los ingresos propios por servicio de cafetería y los nombramientos, no pueden ser dados a conocer a la sociedad pues los nombres de los involucrados son datos privados.
El pleno de la CEAIP resolvió que las listas de beneficiados o de funcionarios que hayan recibido fondos provenientes de los contribuyentes son públicos y no pueden ser privados, lo mismo que todo gasto realizado para la compra de activos, arrendamientos e ingresos propios, además de que constitucionalmente los nombres de las personas son públicos.
Por tal motivo, revocó la respuesta que emitió el instituto al ciudadano y dio un plazo de ocho días hábiles para que el director, José Manuel Pérez Badillo, le entregue os documentos solicitados, pues a nivel nacional y en Zacatecas ninguna institución mantiene como privadas acciones que se derivan de la aplicación de fondos públicos.
FOTO: CORTESÍA
