Alrededor de 1.200 millones de pesos se canalizaron a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador mediante red creada desde 2007, aseguró la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En conferencia de prensa encabezada por el presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwel, fueron denunciadas las presuntas acciones para evadir los mecanismos de control sobre el financiamiento de los partidos políticos.
El dirigente nacional priísta expuso en la sede del Instituto Federal Electoral (IFE) que el 14 de septiembre de 2006 se creó la asociación civil Honestidad Valiente, y 5 meses después la asociación Austeridad Republicana.
En el acta constitutiva de ambas figuran Octavio Romero Oropeza, quien fue Oficial Mayor del gobierno del Distrito Federal bajo la jefatura de López Obrador, y Gabriel García Hernández, Director de Recursos Materiales en el mismo periodo.
El mecanismo de financiamiento, dijo, consistió en que Austeridad Republicana fue beneficiada con la asignación de contratos por parte de gobiernos de diversas entidades y municipios gobernados por los partidos que integran el Movimiento Progresista.
A solo 2 mes de fundada, Austeridad Republicana obtuvo su primer contrato del gobierno del Distrito Federal por 4.5 millones de pesos para la digitalización de archivos y manejo de las bases de datos de contribuyentes.
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del D.F. reconoce al menos 16 contratos más donde está relacionada Austeridad Republicana, entre 2007 y 2010, según se señaló en la denuncia
Por su parte, la asociación Honestidad Valiente recibía “donaciones” que le canalizaban Austeridad Republicana, así como legisladores federales y locales de los 3 partidos, y depósitos de simpatizantes.
Entre 2006 y 2012 Honestidad Valiente pagó sueldos de López Obrador, su equipo de trabajo y de la estructura nacional de activistas de Morena; así como viajes, giras y viáticos, servicio de escoltas y personal secretarial y de apoyo.
Con estas y otras asociaciones, aseguró Joaquín Coldwel, presuntamente se incurrió en los siguientes ilícitos:
• Fraude a la Ley, para evadir fiscalización de origen y destino de sus recursos.
• Violación de topes de campaña, al ocultar gastos que se debían reportar al IFE, triangulándolo a través de asociaciones civiles como Austeridad Republicana y Honestidad Valiente.
• Financiamiento ilícito: desvío de fondos hacia la campaña de López Obrador provenientes de instancias gubernamentales encabezadas por militantes del Movimiento Progresista.
• Posible defraudación fiscal y al Instituto Mexicano del Seguro Social.
El dirigente priísta informó que acudieron al IFE para reiterar al consejero presidente Leonardo Valdés Zurita la solicitud de que en la sesión del Consejo General del jueves próximo se rinda un informe del avance de la investigación en torno a estos hechos, denunciados desde junio por el PRI.
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