Hace unas semanas México fue el foco de todos los reflectores en el mundo. Llevó a cabo una de las jornadas electorales más grandes de su historia. La noche del 1 de julio, prácticamente era un hecho, Andrés Manuel López Obrador se convertiría en el siguiente presidente de México, marcando el inicio de un cambio importante en la política, economía y sociedad mexicana.
El nuevo rumbo que tomará el país, traerá consigo varios retos que asumir y promesas que cumplir, sobre todo aquellas relacionadas con el tema de la corrupción, eje principal durante la campaña política del ahora virtual presidente de México. La corrupción, ha afectado varios sectores en el país, entre ellos la esfera empresarial.
De acuerdo al censo realizado por el INEGI en el 2017, en el país existen 5 millones 53 mil unidades económicas de todo tamaño y sector que operan en el territorio nacional. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la corrupción tiene un gran impacto en la competitividad del sector privado.
De acuerdo Reporte Global de Fraude y Riesgo 2017-2018 elaborado por la consultoría de riesgo Kroll, el 85% de las empresas en México ha sufrido algún tipo de fraude a lo largo de un año. El soborno y la corrupción es el segundo tipo de fraude más común en las compañías, con un 31% de incidencia, además, la mayoría de los actos de corrupción en las empresas son orquestados por los mismos empleados de la compañía.
Durante la presentación del panel empresarial, llevado a cabo en el II Congreso Internacional contra la Corrupción organizado por la ICC México, el pasado 10 de julio, el director general de Kroll México, Brian Weihs, indicó que en estos momentos el panorama de la corrupción empresarial en México es alarmante.
En la evaluación que realizan cada año a nivel mundial y regional entrevistando a empresas de diferentes tamaños y giros, para el caso de México, reveló que el índice de corrupción y soborno es del 54% (cuatro puntos arriba del estándar mundial); las empresas más vulnerables ante esta problemática fueron aquellas relacionadas a los sectores de construcción, ingeniería e infraestructura (28%), servicios financieros (23%), cuidado de la salud, productos farmacéuticos y biotecnología (71%), transporte, ocio y turismo (51%).
Los indicadores ofrecidos por Kroll de México, en su Reporte Global de Fraude y Riesgo, en gran medida aciertan con los escándalos empresariales que se dieron a lo largo del 2017, donde varias empresas fueron acusadas por negligencia, corrupción y soborno. Algunas de ellas fueron Odebrecht y Pemex, por un presunto soborno a Emilio Lozoya para ganar obras públicas; Banorte, Principal, Sura y Profuturo GNP, donde se presume hubo afores coludidas para el traspaso y manipulación de cuentas; Grupo IUSA y la CFE, quienes al parecer realizaron simulaciones de licitaciones para obtener contratos millonarios.
Arturo del Castillo, director asociado de Kroll México, dentro del marco del mismo congreso, indicó que las situaciones que pueden desencadenar un acto de corrupción por parte de las empresas son: la compra de una ley o norma que pueda afectar el negocio o la industria a la que se pertenece, obtención o retención de contratos, evadir multas o sanciones, ganar permisos o licencias necesarias para una operación, y acceder a beneficios o incentivos económicos.
Sin duda alguna, la siguiente administración de gobierno deberá enfrentar varios retos para poder disminuir la corrupción en sus diferentes sectores, con el fin de construir un frente común que restablezca la confianza en las instituciones gubernamentales; la agilización de los procesos e intercambio de información entre empresarios y gobierno, garantizando de esta manera la transparencia en todos los ámbitos.
