La Ley de Seguridad Pública leída en el Congreso del Estado establece que los elementos policiacos deben tener carrera policial, o en su caso una escolaridad mínima y sean actualizados en cursos de capacitación.
La iniciativa de ley fue enviada por el gobernador Miguel Alonso Reyes y leída por el diputado priísta José Olvera Acevedo, misma que será analizada por los legisladores zacatecanos para su próxima aprobación en este mes de marzo.
La propuesta es que los policías accedan a un programa de profesionalización, el cual deberá ser gestionado ante la Academia Nacional de Seguridad Pública, a fin de que el organismo proponga los niveles de escolaridad y los grados académicos.
En dado caso que los aspirantes tengan estudios profesionales, éstos se les revalidarán y se le expedirá una constancia para su profesionalización en la carrera policial.
Esta acreditación deberá ser impulsada desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que los elementos policiacos tanto del estado como municipales participen en el Servicio Profesional de Carrera.
A la par, el Instituto de Formación Profesional (IPF) deberá establecer academias de policía, con el carácter de temporal cuando sea necesario para actualizar a las corporaciones.
Los interesados en ingresar a las filas de las corporaciones policiacas deberán tramitar el Certificado Único Policial, el cual deberá actualizarse constantemente, ya que con este documento los agentes podrán obtener estímulos y previsión social, en dado caso de cambiar de adscripción.
Todos los cuerpos policiacos sin excepción deberán ser reclutados, seleccionados, ingresados, formados, certificados, evaluados y promocionados por el IFP a través de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial, el cual vigilará que se cumpla con la carrera policial propuesta por el Ejecutivo del Estado.
Durante la presentación de la iniciativa en la sesión del Congreso se mencionó que el problema de inseguridad que vive Zacatecas ha ocasionado que mejoren las instituciones policiacas y el sistema de impartición de justicia para preservar la seguridad pública.
Con esta iniciativa, el estado y los municipios tendrán una mayor coordinación en el funcionamiento del desarrollo policial, y los obligará a destinar recursos en la materia de seguridad pública.
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