Este lunes se dictó sentencia condenatoria contra el joven de 16 años acusado de violar a una menor, en cuyo proceso la exabogada de la víctima, Mara Muñoz Galván, denunció que había presunta corrupción y tráfico de influencias para favorecer al imputado.
“Este proceso demuestra que no hay la impunidad ni la mano negra que en un momento dado se dijo que había”, dijo Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ).
Expuso que se resolvió en primera instancia la sentencia condenatoria de 5 años de prisión, que es la pena máxima para adolescentes, pero no está firme porque todavía se puede interponer la apelación. “Habrá que esperar”, dijo.
Indicó, además, que se demuestra que hoy los procesos penales en Zacatecas pueden ser muy ágiles, pues en este caso fue por hechos que ocurrieron en abril y 5 meses después, en septiembre ya hay sentencia.
“Incluso la pudimos haber tenido antes, hace 20 días, pero lamentablemente la audiencia de Juicio Oral se tuvo que suspender por un amparo”, dijo en referencia al que fue interpuesto por Mara Muñoz ante un juez federal, pues consideraba que se había montado una farsa en el proceso para que el adolescente quedara en libertad.
Contrario a lo que argumentaba la activista por los derechos de mujeres y niñas, quien encabezó varias manifestaciones para evitar que el adolescente quedara impune, Arturo Nahle aseguró que el proceso transcurrió “sin mayor problema, con absoluta normalidad”.
Recordó que se detuvo de inmediato al supuesto agresor, se llevó a cabo la audiencia inicial sin problemas, se formuló la imputación, se vinculó a proceso, y desde abril se le dictó como medida cautelar la prisión preventiva.
Durante estos 5 meses estuvo recluido en el centro de internamiento juvenil, y el martes de la semana pasada empezó el juicio, el viernes terminaron de desahogarse todas las pruebas y este lunes ya se dictó la sentencia.
En esta última etapa cabe recordar que Mara Muñoz ya no estuvo representando a la menor, de 14 años de edad, pues su madre se mostró inconforme de que el caso se estuviera ventilando en los medios de comunicación.
Arturo Nahle agregó que 5 años es la pena máxima que se puede imponer a un menor de edad, de acuerdo con la legislación nacional en materia de justicia para adolescentes e incluso hay disposiciones al respecto en diversos tratados internacionales.
Para establecer penas mayores tendría que modificarse la Ley en el Congreso de la Unión, respetando dichos tratados internacionales; no obstante, dijo que aumentarlas en realidad no inhibe la comisión de delitos, como se demostró el llegar “al extremo de imponer 140 años de cárcel” por secuestro, pero a la vez éste se incrementó.
