En México son los funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno quienes más atentan contra los derechos humanos de las personas, de ahí que la educación sea un factor fundamental para cambiar esta cultura, consideró el experto en la materia Jaime Murillo Morales.
El secretario Técnico de Derechos Humanos, Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del Instituto de la Judicatura Federal, expresó que la experiencia y los estudios demuestran que donde hay más violaciones en este sentido es en materia administrativa.
“Curiosamente la materia judicial es la que menos impacto tiene en estas violaciones a los derechos humanos”, manifestó en rueda de prensa.
El doctor en Derecho resaltó que no solo es importante capacitar a los abogados en el tema, sino formar ciudadanos que sepan exigir y hacer valer sus derechos civiles y políticos.
Es necesario, dijo, “saber con qué derechos cuentan desde la infancia para que puedan estar en aptitud de reclamarlos, contar con un aparato de justicia eficiente y sólido en la protección de esos derechos que nos permita a la sociedad desarrollarnos precisamente para alcanzar el bien común”.
Señaló que la base de los Derechos Humanos reside en dar un trato digno personas y que el Estado tiene la responsabilidad de generar a través de la educación una nueva cultura en este tema.
Subrayó que los derechos humanos y las garantías no fueron concedidos, sino reclamados y arrebatados al gobierno, por eso el compromiso es inculcar desde la niñez las prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona establecidas en la ley.
Murillo Morales visitó la entidad para impartir el módulo Derecho Jurisprudencial en el Doctorado de Administración de Justicia que se lleva a cabo en el Poder Judicial del Estado de Zacatecas.
Sobre este punto, explicó que las reformas constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos publicadas en junio de 2011 han dado pauta a nuevas formas de protección de los derechos humanos, ya que la línea argumentativa o la línea decisoria deben corresponder a las exigencias de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.
Es por eso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que se capacitara a juezas y jueces del Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales de las entidades del país.
El objetivo, dijo, es darles las herramientas “que les permitan llevar a cabo esa protección de los derechos humanos y evitarnos una sentencia condenatoria o responsabilidad ante la Corte Interamericana como ha venido sucediendo”.
Sobre los plazos para la modernización del Sistema de Justicia Penal, aceptó que el recurso económico puede ser una limitante para los estados, pero no puede ser un pretexto porque la reforma constitucional establece para el 2016 en todo el país se debe garantizar a cada ciudadano el respeto pleno de sus derechos humanos.
“Tendríamos que cumplir con la obligación y con el mandato del constituyente para iniciarla. Los últimos reportes que tengo es que no se va a dar una prórroga; el Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene que iniciar en la fecha que estuvo programada por el constituyente”.
Dijo que la tarea también implica capacitar a juezas, jueces, magistradas y magistrados en el control difuso de la constitucionalidad, es decir, en la facultad de los órganos jurisdiccionales para privilegiar lo que dice la Constitución en caso de contradicción con normas de rango inferior.
FOTO: IRMA MENCHACA
