Jorge Eduardo Hiriartt Estada, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se pronunció en contra de que se instrumente el otorgamiento de bonos, sobresueldos, compensaciones y prebendas al salario tabular de los servidores públicos, magistrados del poder judicial, así como a regidores, síndicos y diputados locales.
En este sentido, se pronunció para que en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2011, se priorice en las necesidades más apremiantes de los zacatecanos.
El perredista señaló como urgente que desde la 60 Legislatura se establezcan los candados necesarios para prohibir este tipo de erogaciones, pues “representan una afrenta para las necesidades prioritarias de la ciudadanía en tiempos de enorme incertidumbre económica para el país.
Agregó que serán los diputados la fracción parlamentaria del PRD en el congreso local quienes abonen para que la enmienda constitucional de Salarios Máximos no se limite sólo a la buena voluntad, y que la misma sea extensiva para todos los representantes populares.
El objetivo, dijo es evitar abusos “y que el gasto público sea reorientado de una manera responsable para favorecer con programas sociales, infraestructura y servicios a los grupos más vulnerables en la entidad”.
Adelantó que desde el PRD en la legislatura local, se pugnará por la vigilancia irrestricta del correcto uso del presupuesto para que no se cometan abusos en el caso de las onerosas dietas de funcionarios y representantes.
“Estaremos atentos para implementar mecanismos para que no se cometan este tipo de irregularidades al interior de la propia cámara ni en las instancias del poder ejecutivo y judicial así como en los ayuntamientos”, dijo.
El líder partidista recordó que la propuesta sobre la Ley de Salarios Máximos a nivel federal, en torno al análisis y discusión para regular los salarios de todos los niveles directivos del Gobierno federal, estatal y municipal, fue enviada en 2007 al Senado a iniciativa del grupo parlamentario del PRD.
En ésta se propuso una reducción salarial del 10% en todos los niveles, misma que fue aprobada por unanimidad en 2009 por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y se estableció que ningún servidor público podrá percibir ingresos mayores a los del Presidente de la República.
