Con el objetivo de garantizar el uso correcto de los vehículos oficiales durante el periodo vacacional de la temporada navideña, el Operativo Centinela es fortalecido para que los servidores públicos no hagan uso indebido de los mismos, informó el contralor interno Guillermo Huízar Carranza.
El operativo se realizará durante las 2 últimas semanas de vacaciones de diciembre y se comisionaron a 36 servidores públicos, 6 supervisores, un coordinador general y 18 vehículos de la Contraloría, informó.
Esta acción, dijo, ya no es sorpresiva para los servidores públicos estatales porque están conscientes de las revisiones que se hacen y cumplen con la normatividad, por tal razón es importante mantenerlo y continuar con el cambio de actitud generado.
El funcionario afirmó que actualmente hay un comportamiento diferente al que se registró al recibir la administración pública, cuando había un uso indiscriminado de unidades.
Disminuyó uso indebido
A la fecha, la mayoría de las dependencias ya se ubican en Ciudad Administrativa y cada una cuenta con los espacios para realizar el resguardo de su parque vehicular, lo que ha coadyuvado también para tener una realidad distinta en el Gobierno del Estado con respecto a esta importante circunstancia.
El contralor explicó que las incidencias dependen en su mayoría del tamaño del parque vehicular de las instituciones, ya que unas pueden tener sólo 2 automóviles y otras más de 100, de ahí que unas sean localizadas con mayor o menor frecuencia.
Como ejemplo de las instancias que tienen un numeroso parque vehicular, el contralor refirió a las Secretarías de Educación y Cultura (SEC), Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Planeación y Desarrollo Regional (Seplader) y Obras Públicas (Secop) y donde se debe tener mayor control.
Huízar Carranza exhortó a los titulares de las distintas dependencias y entidades de la administración pública para que cumplan con el operativo y la norma, a fin de que se abstengan de autorizar el uso de vehículos cuando no hay comisiones oficiales y evitar sanciones económicas de hasta 3 mil 500 pesos, como lo marca la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
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