Ejidatarios de Mazapil se unen contra los abusos de compañías mineras de la región, pues consideran que se aprovechan de ellos y dejarán problemas ecológicos, apoyadas por autoridades y políticos, como el dirigente del Partido Nueva Alianza, Martín Carrillo.
En conferencia de prensa, ejidatarios de San Tiburcio, Mazapil, denunciaron que la empresa Peñoles les compró en 50 millones de pesos un terreno de mil 700 hectáreas para el proyecto minero Huachichil a través de un contrato lleno de irregularidades.
David García, integrante de la Comisión Negociadora, señaló que el ejido votó la venta del terreno sin saber qué es lo que firmarían, ya que Peñoles hizo todo lo posible para que no conocieran el contrato.
Explicó que cuando se firmó ante el notario público en Concepción del Oro los acompañaron el diputado federal Heladio Verver y David Frías, funcionario de la Secretaría General de Gobierno, a quienes les pidieron asesoría.
Sin embargo, indicó que el apoderado legal de la empresa, Margarito Hernández Serrano, impidió que se diera a conocer el contenido del contrato, pues ya había sido avalado por los ejidatarios en una reunión previa, pero aunque se votó nunca se supo el contenido.
David García apuntó que como presidente de la Comisión Negociadora estaba el entonces alcalde –ahora presidente con licencia para contender como candidato priísta a una diputación local- Gregorio Macías, quien nunca les informó los alcances del contrato.
Otros ejidatarios de San Tiburcio explicaron que Gregorio Macías varias veces estuvo acompañado por Martín Carrillo, quien, aunque no es ejidatario, participaba en las negociaciones.
Aseguraron que la empresa minera les ofreció dinero para que dejaran de encabezar un movimiento de oposición dentro del ejido, a cuyas autoridades acusaron de desinformar intencionadamente a los campesinos.
Además de un bajo costo por hectárea -30 mil pesos- advirtieron que no se contemplan en el contrato medidas preventivas sobre el impacto, para remediar posibles daños ambientales, apoyos para escuelas u hospitales.
En la conferencia estuvieron acompañados por campesinos de Enrique Estrada, del ejido El Vergel, quienes informaron que desde que llegó la compañía Peñasquito y comenzó a extraer agua del subsuelo han tenido problemas de abasto, por lo que deben recorrer hasta 30 kilómetros para conseguir el vital líquido.
Expresaron que la mayoría de los habitantes de las comunidades cercanas a la mina no tienen empleo en ella, por lo que no ven un beneficio directo y temen que cuando se vaya la empresa deje daños ecológicos irreversibles, que los obliguen a abandonar las tierras.
“Como no estamos preparados, por falta de escuelas, traen personas de otras partes y a nosotros nos dejan los empleos peor pagados y no vemos los beneficios. A pesar de ser uno de los municipios más grandes del país no hay un solo doctor, sólo pasantes”, dijeron.
Los campesinos de Enrique Estrada señalaron que en San Tiburcio -donde la minera dueña de Peñasquito, Goldcorp, planea desarrollar el proyecto Camino Rojo- los ejidatarios deben firmar un contrato que les convenga.
Para ello, requieren la asesoría de las autoridades y que no apoyen a las empresas canadienses por encima de los ejidatarios, pues de lo contrario se causará un daño en la región.
FOTOS: LEONARDO MORENO
