La primera elección judicial en México ha estado marcada por una cadena de irregularidades tanto a nivel nacional como estatal. Este domingo, en la sesión del Instituto Nacional Electoral (INE) incluso un consejero propuso no validar los resultados, mientras que en la entidad el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) aprobó nombramientos de jueces que no cumplían con el promedio mínimo.
El INE documentó boletas planchadas, es decir, ya marcadas, casillas con votaciones unánimes, participación por encima del 100% del padrón y uso masivo de «acordeones» con los nombres de los candidatos ganadores, lo cual generó una “duda razonable” sobre la validez del proceso. A pesar de ello, el Consejo General del INE declaró válidos los comicios.
En Zacatecas, el IEEZ aplicó un polémico criterio de redondeo para elevar las calificaciones de candidatos que no alcanzaban el promedio mínimo requerido por la ley.
De acuerdo con la legislación local, los aspirantes a cargos judiciales deben contar con un promedio mínimo de 8 en licenciatura y 9 en materias afines o de posgrado; sin embargo, 5 de los ganadores no lo alcanzaban.
Redondeo a modo: 5 jueces beneficiados
El Consejo General del IEEZ validó los resultados y entregó constancias a Ana Luisa Ortiz Martínez, con promedio de 7.83 en licenciatura; José Luis Francisco Esparza Castro, 7.8; Cristopher Emmanuel Valdez Rodríguez, 7.98; Victoria Cabral Pinedo y René Saucedo Dévora, ambos con 8.6 en materias afines en maestría cuando la calificación mínima es de 9.
Todos fueron considerados aptos mediante un redondeo basado supuestamente en el reglamento de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), donde se estipula que los promedios finales deben expresarse en números enteros.
Así, se les consideró con calificaciones de 8 y 9 respectivamente, a pesar de no cumplir estrictamente con lo establecido en la convocatoria.
Esta interpretación fue duramente cuestionada por otros aspirantes, como Glenda Daniela Frausto Flores, quien advirtió que ella y otros compañeros impugnarán la decisión. Afirmó que un promedio no puede modificarse, y señaló que existen antecedentes jurídicos que confirman que calificaciones inferiores a 8 han sido motivo válido para desechar candidaturas.
Advirtió que los zacatecanos necesitan jueces que al menos cumplan con el mínimo de calificación y hubo omisiones desde el registro mismo de las candidaturas.
Esta postura coincide con el de la consejera del INE, Dania Paola Ravel Cuevas, quien en la sesión de este domingo señaló que “no puede perderse de vista incluso que el tema de las calificaciones y el promedio que se exige para las personas candidatas, es algo que supuestamente debió haber sido verificado por los comités de evaluación”.
La aprobación de los 5 jueces con calificación “reprobada” contrasta con la exclusión de Francisco Enrique Pérez Compeán, a quien se negó su constancia como magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial debido a que su promedio era de 7.2, por debajo del umbral de redondeo permitido.
En su lugar, se asignó el cargo a Celia Nayeli Juárez Castro, bajo el argumento adicional de cumplir con el principio de paridad de género.
Irregularidades sistemáticas a nivel nacional
Los cuestionamientos al proceso no se limitan al estado. A nivel federal, el INE detectó más de 1.300 casillas con irregularidades graves durante la jornada del 2 de junio, incluyendo:
- Boletas marcadas antes de abrir las urnas
- Casillas con 100% de participación (o más)
- Votaciones en las que todos los electores sufragaron por los mismos candidatos
- Distribución de acordeones con listas idénticas a los resultados obtenidos
Estas anomalías fueron señaladas por consejeros como Arturo Castillo, quien propuso no declarar la validez de los comicios federales en varios órganos judiciales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, su propuesta fue rechazada y el INE procedió a entregar constancias de mayoría.
A nivel nacional, la participación fue apenas del 13%, la más baja en la historia democrática del país y en Zacatecas apenas superó el 10%. En este contexto, analistas y organismos ciudadanos e internacionales han advertido que se estaría configurando una regresión democrática, tanto por el desinterés ciudadano como por las decisiones institucionales que avalan procesos opacos.
Llamados a revisar y corregir errores
El consejero del INE, Jaime Rivera Velázquez, alertó sobre el riesgo de “normalizar” prácticas fraudulentas y llamó a corregir los resultados contaminados. Consideró que el uso de propaganda ilegal y la falta de información clara a la ciudadanía son algunos síntomas de un proceso viciado que las autoridades electorales no deben pasar por alto.
“Estas elecciones no representan el espíritu de la transición democrática de México. Dejar pasar estas prácticas sería traicionar décadas de avance institucional”, advirtió.
Mientras tanto, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijez) deberá resolver las impugnaciones que ya se están preparando contra las designaciones avaladas por el IEEZ.
En el centro de la controversia está no sólo la legalidad de las calificaciones mínimas exigidas, sino la legitimidad de un proceso que, en sus primeros pasos, ya siembra serias dudas sobre su imparcialidad y transparencia con el aval de las autoridades electorales.
