Personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) incumplió con la diligencia de deslinde que se realizaría este jueves para determinar si la comunidad de Salaverna, en Mazapil, se encuentra dentro de terrenos nacionales o de la minera Frisco Tayahua.
Desde 2010, la comunidad enfrenta un conflicto con la minera propiedad del empresario Carlos Slim, quien desea que los habitantes dejen sus viviendas argumentando que los terrenos en donde están asentados le pertenecen.
Habitantes de la comunidad esperan que una vez que se compruebe que sus viviendas están sobre terrenos nacionales puedan solicitar que los escrituren a su nombre, ya que sus familias han vivido en el lugar durante generaciones.
A principios de 2016 iniciaron un proceso de deslinde ante la Sedatu, y el 19 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Aviso de Deslinde del predio donde se solicitaba a la empresa comprobar la propiedad.
Luego del plazo legal de 30 días, Frisco Tayahua no presentó las debidas escrituras, por lo que se notificó a las partes implicadas para iniciar con los trabajos de medición.
Se informó a los pobladores que deberían presentarse el 29 de septiembre a las 10 de la mañana en la carretera a Mazapil entronque a Salaverna, por lo que puntualmente acudieron los representantes del poblado.
Luego de 4 horas de espera no llegaron los técnicos que serían enviados de la Ciudad de México acompañados del perito deslindador del Registro Agrario Nacional, Adolfo Ordaz Aguilar, quien firmó la notificación entregada.
Efraín Arteaga Domínguez, quien asesora legalmente a los pobladores, se comunicó vía telefónica desde el lugar a las oficinas centrales de la Sedatu, donde se le informó que los técnicos no se habían presentado porque las condiciones de seguridad no estaban garantizadas.
Más tarde, en otra llamada, se agregó que la ausencia se debía a que las otras partes implicadas, el Ejido Mazapil y la minera, se habían negado a recibir la notificación.
Roberto de la Rosa, delegado de la comunidad, aseguró que el ejido y la mina mantienen acuerdos para lograr sacarlos del lugar y que, al no poder comprobar la tenencia de la tierra, tratan de retrasar el proceso.
En el lugar se redactó un acta circunstanciada de hechos, en la que los pobladores, en presencia de policías municipales, señalaron haber llegado a la cita.
Exigieron en el documento que Ordaz Aguilar sea retirado de la diligencia, ya que al trabajar en la entidad se corre el riesgo de que haga acuerdos ilícitos con la minera.
Exhortaron a la Sedatu a que las notificaciones sean entregadas a la brevedad y no se vuelva a repetir el incumplimiento, mismo que calificaron como una falta de responsabilidad y de respeto, así como de posible complicidad de las autoridades con la minera.
