La Contraloría Interna de Gobierno del Estado revisa el caso de las 390 concesiones de transporte público irregulares que se otorgaron durante las últimas fechas de la administración pasada.
El contralor, Guillermo Huizar Carranza, afirmó que el caso ya está en investigación desde el lunes pasado y en los próximos días se estarán entregando los resultados.
Asimismo comentó que la posibilidad de que las concesiones se retiren a quienes se les otorgaron dependerá al 100% de la investigación.
Se considera que éstas son irregulares debido a que la Ley de Trasporte, Tránsito y Vialidad establece en el artículo 29 que las concesiones de transporte público colectivo, de automóviles de alquiler y de carga serán otorgadas previa convocatoria pública que emita la Secretaría General de Gobierno.
Asimismo en dicho artículo también se dictamina que la convocatoria será en base al programa y derivado de los estudios técnicos que justifiquen la necesidad del incremento en el número de concesiones.
El estudio deberá señalar el balance entre la oferta y la demanda en el servicio público de que se trate.
La convocatoria deberá ser publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado y en un medio impreso de circulación local, señalando la modalidad de transporte que se requiere, su número, términos de su aplicación y los demás aspectos que establezca el reglamento.
Sin embargo, esta publicación nunca se hizo cuando se entregaron las 390 concesiones, mismas que se presume fueron otorgadas a personas cercanas al gobierno de la exmandataria Amalia García Medina, a manera de pago político antes de concluir la administración.
