2 docentes de la Secundaria Técnica 1, ubicada en la ciudad de Zacatecas, fueron separados de sus cargos el pasado lunes 10 de noviembre luego de que se difundiera que algunos alumnos se compartían imágenes de 400 compañeras sexualizadas mediante la Inteligencia Artificial.
Studio Legale, despacho jurídico encabezado por el abogado Jorge Rada, atrajo el caso para defenderlos, y uno de sus principales argumentos es que los maestros no están facultados para revisar los teléfonos celulares de sus alumnos, sino que sólo los padres tienen el derecho de supervisar su contenido.
“Pretender trasladar la responsabilidad a la escuela no solo es jurídicamente imposible, sino injusto y contrario al marco legal que protege tanto a los menores como a quienes ejercen la labor docente”, señala el comunicado.
Otro tema que destaca es que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas -en declaraciones del 4 de diciembre- confirmó públicamente la inexistencia de cualquier material ilícito, incluyendo el supuesto “catálogo sexual” que circuló en redes sociales.
Asimismo, no existe evidencia pericial ni investigación que vincule a los docentes con los hechos difundidos.
Además, los docentes afectados fueron separados de manera fáctica de sus funciones, sin que existiera acto administrativo alguno debidamente fundado y motivado ni procedimiento previo conforme a la Constitución y las leyes aplicables.
Esta medida se ejecutó sin notificación formal, sin resolución escrita y sin sustento jurídico, informó el abogado a través de un comunicado oficial en su página de Facebook.
En un escrito dirigido a la Secretaría de Educación de Zacatecas, que comparte Jorge Rada, los maestros exponen a la autoridad lo siguiente:
“De forma lamentable y desafortunada existe una estigmatización social y hostilidad. Efectivamente, a partir de la actuación escolar y del manejo mediático del caso, diversos padres de familia nos han dirigido agresiones verbales y señalamientos infundados, lo cual ha generado un ambiente hostil, inseguro y contrario a la dignidad profesional de los suscritos, y de nuestras familias”.
El despacho Studio Legale asume la defensa integral de los docentes, con el objetivo de lograr su reincorporación inmediata, el deslinde público correspondiente y la reparación de las afectaciones causadas.
“La educación no se protege con linchamientos sociales, sino con legalidad, responsabilidad institucional y verdad”, concluye el comunicado.
