La diputada María de la Luz Domínguez Campos presentó una Iniciativa de Decreto para reformar diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Zacatecas con el fin de evitar que sigan presentándose irregularidades, corrupción e impunidad en los ayuntamientos.
El documento contempla la exigencia de un proceso de planeación, ordenación y regulación del medio urbano, tanto en sus aspectos físicos, como económicos y sociales.
Asimismo, exige que los fraccionadores cuenten con la debida autorización y cumplan los requisitos legales de división de manzanas y lotes, además de las normas técnicas que permitan la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.
La iniciativa de María de la Luz Domínguez establece que deben contemplarse las áreas de donación como parte del patrimonio municipal, y ser destinadas a áreas verdes, parques y jardines.
Destaca, además, que los ayuntamientos en ningún caso podrán ejercer actos de dominio, a titulo oneroso o gratuito, sin la autorización de la Legislatura del Estado.
A su vez, ésta no podrá autorizar la enajenación de las áreas de donación y áreas verdes de los asentamientos humanos a favor de particulares.
El servidor público que incumpla con la Ley, incurrirá en el delito de peculado, de acuerdo con esta propuesta, y la vigilancia para que se cumpla la reglamentación estará a cargo de los propios municipios.
Iniciativa para Regularización de Asentamientos Humanos
Por su parte, Roberto Luévano Ruiz, presentó una iniciativa de Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos del Estado de Zacatecas con el objetivo de dar uniformidad a los procedimientos de planeación y funcionalidad del territorio en el renglón habitacional.
Para ello contempla el aspecto económico, el equipamiento urbano, las vialidades, la traza de calles, así como la forma y el tamaño de los predios.
El diputado señala que un sencillo examen de la estructura urbana permitiría apreciar si una determinada parte de la ciudad fue planeada, y por ende, si está provista con todos los servicios básicos y observa una conexión satisfactoria con el resto de la ciudad.
Este proyecto no crea instituciones nuevas, sino que señala la competencia para instancias que ya existen, como la Secretaría de Obras Públicas, el Consejo Promotor de la Vivienda y los ayuntamientos.
El objeto de este proyecto legislativo es establecer un procedimiento administrativo para obtener la regularización de asentamientos humanos, pero sin ahondar en procedimientos de Derecho Civil relativos a la escrituración de la propiedad.
FOTOS: CORTESÍA
