La audiencia para determinar si Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), será vinculado a proceso por el delito de violación equiparada agravada contra una menor de edad, fue pospuesta hasta el próximo jueves, luego de que su defensa solicitara una prórroga legal para presentar pruebas a su favor.
Durante la audiencia de este lunes, el abogado defensor Darío Gamón explicó que, al no contar aún con elementos suficientes para contradecir los datos de prueba presentados por la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razón de Género, se acogieron a la ampliación del término constitucional de 144 horas.
Explicó que se están buscando pruebas que permitan contradecir las presentadas por el Ministerio Público. En caso de presentarlas y que el juez las acepte no habría vinculación a proceso, por lo que el rector obtendría su libertad de forma inmediata.
No obstante, precisó, si se mantiene la clasificación jurídica actual, la defensa debatirá las medidas cautelares.
De 20 a 22 años de cárcel, de ser encontrado culpable
Por su parte, la fiscal especializada en Delitos contra las Mujeres por Razón de Género, Martha Berenice Vázquez González, detalló que la audiencia de este lunes fue breve, ya que no se desahogaron nuevas pruebas debido a la solicitud de la defensa.
Confirmó que el rector permanecerá en prisión preventiva, ya que el delito que se le imputa es considerado grave por la legislación y no es sujeto de fianza.
La fiscal advirtió que la pena podría ir de 20 a 22 años de prisión en caso de ser encontrado culpable, y subrayó que se imputan varios hechos relacionados con delitos sexuales, entre ellos abuso y violación equiparada agravada.
Insistió en que se trata de un caso del ámbito personal y negó que haya un trasfondo político, como se ha especulado.
Añadió que la carpeta de investigación comenzó a integrarse desde noviembre del año pasado y que la última diligencia se realizó el 2 de mayo, antes de que se ejecutara la orden de aprehensión.
Martha Berenice Vázquez hizo un llamado a los medios de comunicación y a la sociedad a respetar la privacidad de la víctima y su familia, recordando que se trata de una menor de edad.
“No se trata de silenciar el caso, sino de proteger los derechos de una niña que está enfrentando una situación sumamente grave”, expresó.
La próxima audiencia será crucial para definir el futuro legal del rector, quien por ahora permanece en el Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) de Cieneguillas.
