La diputada Emma Lisset López Murillo, del Partido Acción Nacional, planteó en sesión ordinaria de la LIX Legislatura un punto de acuerdo para evitar fraudes en la contratación de trabajadores zacatecanos para laborar en el extranjero.
En éste, se pretende que el Instituto Estatal de Migración y la Dirección del Trabajo y Previsión Social promuevan y apoyen acciones de prevención entre la población susceptible de emigrar para evitar que se convierten en víctimas de empresas fraudulentas.
En cuanto al gobierno federal, el llamado es en el sentido de que genere un censo de empresas que contratan trabajadores mexicanos y a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social, se verifique el estricto cumplimiento a la legislación laboral.
Adicionalmente, se exhorta al Congreso de la Unión para que evalúe la posibilidad de realizar reformas a las leyes vigentes, que permitan optimizar los mecanismos de protección de los derechos de los trabajadores mexicanos en el extranjero.
Falta de oportunidades, “cáncer sin control”
En su exposición de motivos, López Murillo señala que la realidad binacional zacatecana ha generado una verdadera vocación histórica migrante hacia Estados Unidos, por factores culturales, de marginación, pobreza y falta de oportunidades que se extienden como cáncer sin control.
Actualmente, radican en Estados Unidos alrededor de 30 millones de personas de origen mexicano y, según el Consejo Nacional de Población, anualmente emigran a ese país cerca de 600 mil mexicanos, de los que 17 mil son zacatecanos.
Según cifras del Banco de México, Zacatecas es el segundo estado generador de remesas desde la Unión Americana, por 600 millones de dólares anuales, de los que dependen 65 mil familias, lo que representa casi el 10% del Producto Interno Bruto.
Falsas promesas de empleo
Emma Lisset López advirtió la necesidad de regulación sobre supuestos contratistas que defraudan con la falsa promesa de empleo más allá de la frontera.
Advirtió que amparados en la impunidad, estos “intermediarios” piden dinero a los defraudados, a cambio de tramitar la visa de trabajo y de colocarlos en puestos laborales en Estados Unidos.
Sin embargo, no existe un padrón real de contratistas y de vigilancia de las autoridades, lo que agrava una situación dolorosa, pues los afectados padecen altos grados de pobreza y marginación.
