Ante la necesidad de que las contribuciones de grandes empresas sean destinadas a atender las necesidades de los Estados y Municipios, la diputada federal Claudia Edith Anaya Mota presentó una iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
La legisladora explicó que esta iniciativa tiene por objetivo que las contribuciones que se captan por servicios públicos, capitales, empréstitos empleados, acciones, bonos y obligaciones emitidos por las empresas del ramo de vías generales de comunicación sean objeto de contribución federal, y 100% participables entre las entidades federativas y los municipios.
“Con esto complementamos una interpretación de la corte del artículo que ha impedido que éstos se hagan de recursos financieros para atender las necesidades de sus habitantes por concepto de predial y uso de derechos del subsuelo”, señaló Anaya Mota.
El artículo señala originalmente que: “Las vías generales de comunicación, los servicios públicos que en ellas se establezcan, los capitales y empréstitos empleados en ellos, las acciones, bonos y obligaciones emitidos por las empresas, no podrán ser objeto de contribuciones de los Estados, Departamentos del Distrito Federal o municipios.”
Con esta iniciativa de reforma, el artículo quedaría de la siguiente manera: “Las vías generales de comunicación, los servicios públicos que en ellas se establezcan, los capitales y empréstitos empleados en ellos, las acciones, bonos y obligaciones emitidos por las empresas, deberá ser objeto de contribución federal y cien por ciento participables entre las entidades federativas y los municipios.
La legisladora perredista sustentó esta iniciativa en varias tesis que han justificado el pago de uso de suelo por la colocación de casetas telefónicas a favor de los municipios; lo que representa un antecedente para el pago de contribuciones por el uso del subsuelo, donde se instalan las redes de fibra óptica utilizada para las telecomunicaciones.
Ellas refieren que: “las leyes federales no podrán otorgar algún tipo de exención respecto del cobro de las contribuciones que perciban los municipios por los servicios públicos que presten, pues la atribución federal para legislar en una materia no puede restringir potestades tributarias atribuidas por la Constitución General de la República a otros órdenes de gobierno”, indicó Claudia Anaya.
De ser aprobada esta iniciativa, las empresas dedicadas a las telecomunicaciones tendrán la obligatoriedad de pagar el uso de este subsuelo, esto viene reforzar un derecho más al Estado Mexicano sobre las empresas para el pago de impuestos, declaró Anaya Mota, presidenta de la Comisión Especial sobre la No Discriminación en la LXI Legislatura federal.
“Éstas reformas son parte de ese compromiso establecido desde la izquierda por garantizar que los que más tienen, sean los que más paguen; pues con estas contribuciones indudablemente se fortalecerán las finanzas de los municipios, que redituaran en mejores condiciones de vida para la gente”, finalizó la también secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en el Congreso de la Unión.
