Cerca de 150 ex braceros encabezados por Martha Suárez Cantú, presidenta del Frente Nacional de Braceroproa y María de Jesús Briones, coordinadora estatal, acudieron al Congreso del Estado para presentar ante los diputados una serie de solicitudes de apoyo.
Pidieron que se forme una comisión especial de diputados para que atienda y dé seguimiento exclusivamente los asuntos de ex braceros, además de quese contemple en el presupuesto del Estado del próximo año un aumento a la partida destinada a pago de trabajadores migratorios de 12 a 50 millones de pesos.
También solicitaron ser reconocidos como exclusivos representantes del movimiento a favor de los ex braceros, así como que les ayuden a dar celeridad al proceso de pago de compensaciones correspondiente al estado.
“Se nos están muriendo los compañeros y no es justo que después de tanto esfuerzo y trabajo en Estados Unidos, y a pesar del compromiso de los gobiernos federal y estatal, no lleguen a ver y disfrutar de su recompensa”, argumentaron.
Los demandantes fueron recibidos por los diputados José Marco Antonio Olvera Acevedo, Noemí Berenice Luna Ayala, Alfredo Barajas Romo y José Isabel Rodríguez Acevedo.
Olvera Acevedo, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, hizo el compromiso de turnar las solicitudes a las comisiones correspondientes, y pidió que las mismas fueran respaldadas por escrito y canalizadas a la Mesa Directiva.
Comentó que harán todo lo posible para que se logre el aumento en el presupuesto destinado a ex braceros el próximo año, aunque aclaró que no se puede hablar de cantidades “porque es un asunto que no depende de nosotros exclusivamente o que se dé por decreto.
Les ofreció además que la Sexagésima Legislatura hará las gestiones correspondientes ante el gobierno federal para que se amplíe la cobertura del programa 70 y más, así como la atención a través del seguro popular para la totalidad de ex braceros.
En relación al reconocimiento de los dirigentes de la organización braceroproa, y desconocimiento de otros, manifestó que los diputados no pueden intervenir en asuntos internos de las organizaciones de ciudadanos y permanecerán al margen de los acuerdos que ellos mismos tomen.
Sin embargo, dijo Olvera Acevedo, “la organización que esté reconocida formal y legalmente, será la que tenga la voz cantante ante la Legislatura”.
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