Habitantes de la comunidad La Colorada, de Chalchihuites, han solicitado a la Secretaría de Economía que detenga las actividades de la empresa minera Plata Panamericana que, dicen, intenta desalojarlos de sus viviendas de manera ilegal.

Desde principios de 2015 los habitantes denunciaron públicamente que sus casas estaban siendo destruidas con sus pertenencias dentro por personal contratado por la mina, para obligarlos a mudarse a un Fraccionamiento llamado también La Colorada, donde les serían otorgadas casas en comodato a cambio del uso de los terrenos.

Plata Panamericana SA de CV, subsidiaria del grupo canadiense Panamerican Silver Corp, fue creada en 1994 para la exploración y explotación de minerales metálicos en la mina la Colorada, misma que compró en 1998.

En diciembre de 2013 el gobierno mexicano aprobó a la empresa un proyecto para aumentar la tasa de producción de la planta y entregó varias concesiones mineras, por lo que en 2015 se determinó la reubicación de los pobladores.

Según los habitantes, a partir del mes de mayo de ese año se presentaron en la comunidad "diversas personas, quienes dijeron ser trabajadores de la empresa minera Plata Panamericana y enviados por orden del ingeniero Juan Villegas González como gerente general de tal empresa, sin que nos conste tal personalidad".

A la fecha viven en el lugar solo 4 familias que se resisten a abandonar sus hogares, mismos que la empresa no ha podido desalojar debido a que son los únicos que cuentan con derechos sobre la tierra, sin embargo, la mayoría de quienes se han mudado manifiestan ser víctimas de malas condiciones de vida.

Afirman que no se les permite tener animales a pesar de que el ganado es parte esencial de su forma de vida, asimismo, está prohibida la música después de cierta hora de la noche y no pueden establecer comercios, ya que solo se permite consumir en una tienda propiedad de la empresa.

El pasado 28 de abril presentaron un documento ante la Secretaría de Economía para solicitar que la planta detenga sus actividades.

Lisandro Carrillo Félix, abogado de los pobladores, explicó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley Minera: "El derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley se suspenderá cuando estos pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad".

Asimismo, cuando "causen o puedan causar daño a bienes de interés público, afectos a un servicio público o de propiedad privada".

Expuso que la ley mandata una visita de inspección para determinar si hay daños, sin embargo, el delegado de la Secretaría de Economía, Eduardo López Carrillo, "ha hecho caso omiso de su obligación de ordenar la visita".

Señaló que, de determinarse riesgo, el mismo artículo de la Ley Minera señala que "se dispondrá de inmediato la suspensión provisional de las obras y trabajos hasta que la empresa atienda las observaciones hechas y de no ser así ordenará la suspensión definitiva de tales obras y trabajos."

Lamentablemente, dijo, desde la fecha en que el oficio fue entregado, López Carrillo no le recibe en su oficina, ni atiende sus llamadas.

El abogado afirmó que los pobladores de la comunidad y el fraccionamiento están valorando tomar acciones más severas ante la negativa de las autoridades.

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