El diputado federal Arturo Ramírez Bucio indicó que el fincamiento de responsabilidades de las cuentas públicas difícilmente llega a sanciones reales contra los funcionarios públicos, debido a que se negocian políticamente.
“Nadie irá a la cárcel porque las decisiones se dan con una visión política”, dijo el legislador panista, quien precisó que a lo más que se ha llegado es a la inhabilitación de funcionarios por unos años, pero “lo más importante es que se reintegren los recursos”.
Para Ramírez Bucio no se actúa contra los funcionarios públicos de primer nivel cuando hacen mal manejo de los recursos públicos.
Explicó que en muchos casos se llega a un tipo de negociación, pero en otros, los funcionarios señalados por cometer irregularidades tienen la opción de presentar documentos para deslindarse de responsabilidades, y al final “la cuestión política sirve para que no pase nada”.
Otro factor para que no haya sanciones y reintegro de dinero es la labor de la Auditoría Superior del Estado, de cuyo titular, Jesús Limones Hernández, dijo que actuó políticamente, por amistades y presiones del anterior gobierno estatal, además de que llegó a ser diputado local suplente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Ramírez Bucio indicó que solo fortaleciendo este órgano fiscalizador se pueden transparentar los recursos, además de que su titular debe tener el valor para aplicar las sanciones a los servidores
Otro problema de la fiscalización, agregó, es que los diputados no cumplen con su revisión de cuentas públicas, ya que la anterior Legislatura dejó un rezago de 160 que los actuales diputados locales deben dictaminar.
El diputado blanquiazul expresó que en lo que corresponde a los recursos que la Federación entrega a los municipios y estados, apenas se audita alrededor del 10%, por lo que no hay una correcta revisión del manejo del dinero.
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