El exalcalde de Zacatecas, Jorge Miranda Castro, rechazó categóricamente las acusaciones realizadas por la actual administración en una rueda de prensa el pasado 9 de diciembre, en la que se denunció que, derivado de una auditoría, se encontró un desfalco por más de 120 millones de pesos durante el gobierno municipal anterior.
Jorge Miranda calificó estas imputaciones como una estrategia política para desviar la atención de los compromisos incumplidos del gobierno de Miguel Varela Pinedo, entre ellos la Tarjeta Rosa, becas de transporte y medicinas gratuitas.
Por su parte, Magdalena Beltrán Vázquez, quien fuera secretaria de Gobierno, denunció múltiples violaciones al proceso de entrega-recepción, afirmando que la administración de Miguel Varela incumplió lo establecido en la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas.
La exfuncionaria municipal hizo los siguientes señalamientos:
- No se levantaron actas administrativas de validación y verificación del expediente, como exige la ley.
- No se realizaron las observaciones pertinentes en el plazo de 45 días hábiles estipulado por el artículo 69 ni se solicitó la ampliación de 10 días ante el Órgano Interno de Control.
- Nunca se requirió por escrito a la administración saliente para aclarar o proporcionar información adicional, lo cual también constituye una falta administrativa.
«Esto no ocurrió, nunca se levantó un acta que hiciera constar las supuestas observaciones. Es una clara violación al procedimiento, lo que configura una responsabilidad administrativa por parte del gobierno actual», sentenció Magdalena Beltrán.
Además, criticó el uso de una «auditoría externa» que no tiene validez jurídica, ya que no se exhibieron pruebas ni se notificó al Órgano Interno de Control. «Se está violentando el principio de presunción de inocencia y el debido proceso, imputando delitos sin fundamentos claros», enfatizó.
Álvaro Puente Rubalcaba, quien fuera director de Egresos, respaldó las declaraciones de Beltrán Vázquez, afirmando que las obligaciones financieras de la administración 2021-2024 se cumplieron al 100%, incluso saldando deudas heredadas de 2014.
Por otro lado, los diputados Ruth Calderón Babún y Santos Antonio González Huerta criticaron severamente la propuesta de Ley de Ingresos 2025 de la actual administración.
Ruth Calderón afirmó que las medidas planteadas en la ley, como el incremento del 12.3 % en el impuesto por traslado de dominio y el aumento de hasta un 17 % en derechos municipales, son un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos.
«Es inaceptable que se priorice recaudar más a costa de las familias zacatecanas que ya enfrentan dificultades económicas», declaró.
Santos Antonio González fue aún más contundente, calificando la política fiscal de Miguel Varela como «neoliberal y deshumanizada». Destacó que la eliminación de subsidios en el impuesto predial y los recortes en apoyos para multas y recargos reflejan un desprecio por las necesidades del pueblo.
«Este gobierno está gobernando para unos pocos, priorizando sus intereses políticos y económicos, mientras ignora el impacto que esto tendrá en las familias más vulnerables», afirmó.
