Trabajadores no sindicalizados del Ayuntamiento de Zacatecas lanzaron una fuerte denuncia pública contra el alcalde Miguel Varela Pinedo, al confirmar que la administración municipal retuvo el aumento salarial del 3 por ciento y el pago retroactivo desde enero, afectando los ingresos de decenas de familias.
Los burócratas municipales detallaron a este medio de comunicación que, durante la presente quincena, esperaban recibir finalmente el incremento general, un derecho laboral que se había pactado formalmente en una tensa reunión, celebrada el pasado 27 de mayo con las autoridades.
Durante los últimos 5 años, las administraciones municipales han enfrentado constantes señalamientos por priorizar financieramente a los gremios sindicales, dejando en el abandono a los trabajadores independientes, quienes deben presionar constantemente para obtener mejoras salariales básicas ante la constante inflación nacional.
Los afectados recordaron en sus testimonios que, en un principio, las actuales autoridades locales solo contemplaron otorgar un aumento del 3.5 por ciento, de manera exclusiva, para los empleados agremiados al sindicato mayoritario, marginando al resto de la plantilla laboral.
Esta exclusión económica inicial provocó que el personal independiente organizara una urgente recolección de firmas, buscando presionar a la gestión de Miguel Varela, para lograr un trato igualitario en las prestaciones, evidenciando la falta de equidad en el manejo del presupuesto público.
Un empleado inconforme relató, bajo la protección del anonimato, la realidad de sus finanzas al señalar que «esta quincena se supone llegaba el retroactivo y el aumento, y no llegó nada«, dejando al descubierto el nulo compromiso de la tesorería municipal.
Aunado a la indignación por la falta del recurso económico adicional, los trabajadores denunciaron que el depósito de su quincena regular sufrió un retraso administrativo injustificado, al verse reflejado en sus respectivas cuentas bancarias hasta las 3:30 de la tarde.
Esta omisión de pagos impacta, de manera directa, en la planeación económica de la base trabajadora del municipio, representando una vulneración a los acuerdos financieros firmados por el gobierno local, mientras los empleados deben cubrir sus obligaciones sin contar con el recurso prometido.
