La iniciativa de reformas a la Ley de Deuda Pública aprobadas durante la sesión legislativa del día de este jueves generará mayor endeudamiento al estado y municipios y se pondrá en riesgo el desarrollo y el progreso de las actuales y futuras generaciones.
La iniciativa no fue analizada con la exhaustividad requerida y no fue remitida a las Comisiones Segunda de Hacienda y Vigilancia, a pesar de que los artículos 130 y 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo facultan a las mismas para conocer y dictaminar sobre este asunto.
Por lo tanto, nuevamente los diputados legislan al vapor, sin análisis y discusión sustentada y, por el contrario, sin asumir la responsabilidad que les corresponde e incumpliendo con sus competencias en dichas Comisiones, porque son las instancias que autorizan el endeudamiento y, en un momento posterior, revisan la utilización del mismo en el momento de la fiscalización de cuentas públicas.
Y precisamente durante la revisión de las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2007 y 2008 ha quedado constancia de cómo algunas administraciones municipales se encuentran en un terrible desorden administrativo y en banca rota, en aras de un mal entendido principio de autonomía municipal y ante una baja capacidad recaudatoria, irregulares manejos administrativos y grandes endeudamientos.
En su gran mayoría, las administraciones municipales no han establecido estrategias eficientes para solventar esta problemática. Así lo muestran los indicadores de desempeño correspondientes al ejercicio fiscal 2009, donde el gasto corriente es mucho mayor que el gasto en inversión, servicios y beneficio social, y el nivel de endeudamiento es sumamente alto.
A pesar de esas problemáticas, en lugar que esta Legislatura determine mecanismos jurídicos que promuevan la eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos públicos en la administración estatal y municipal, exigiéndole estrategias y acciones que superen su problemática, les generamos las reformas jurídicas para seguir promoviendo un actuar ligero de funcionarios públicos irresponsables que, a costa del endeudamiento público, ponen en riesgo la viabilidad de los gobiernos actuales y futuros y -lo peor- sitúan en riesgo el desarrollo y progreso de las futuras generaciones.
Y esto es así porque ahora, mediante esta reforma, se podrá otorgar en garantía o fuente de pago de un empréstito cualquier ingreso federal o local de los que pueda disponer.
El replanteamiento de esquemas jurídico financieros no debe ser encaminado a flexibilizar las disposiciones que permitan ampliar las posibilidades para que las entidades públicas se endeuden cada vez con mayor facilidad.
Menos aún es válido que los empréstitos o endeudamientos se autoricen para refinanciar o reestructurar otros empréstitos. No se puede, de ninguna manera, contratar deuda para pagar otra deuda ni legislar a modo o a capricho de los gobernantes en turno para permitir que el estado se endeude y se comprometa recursos de futuros ejercicios fiscales.
Es francamente lamentable que se pretenda reformar la Ley de Deuda Pública para que se considere como Inversión Pública Productiva los déficit imprevistos en la Hacienda Pública del Estado o Municipios.
Esto es terrible porque significa otorgar un cheque en blanco para aquellos funcionarios que irresponsablemente solicitan préstamos, tienen desorden administrativo y van acumulando enormes déficits que impactan negativamente en el ejercicio de la función pública y en perjuicio de la sociedad.
Resulta una verdadera falacia pretender legitimar una reforma a la Ley de Deuda Pública con el argumento fundamental de considerar que como Inversión Pública Productiva se considere el finiquito de los contratos de prestación de servicios multianuales.
Lamentable es la incongruencia de muchos que hoy están plácidamente participando del actual gobierno después de haber avalado los Contratos de Prestación de Servicios, e incluso haberlos defendido; pero además, aprobaron reformas a varios ordenamientos jurídicos estatales para que pudieran ser aplicados en este estado.
Hoy cambian de careta y de manera incongruente e ignominiosa los atacan, descalifican y pretenden con artificios legales limpiar sus culpas.
*Diputada local por Convergencia de la 60 Legislatura
