Un grupo de jubilados y agremiados a la Sección 58 del SNTE, representados por el abogado Jorge Rada Luévano, obtuvieron una suspensión provisional, en tribunales federales, para evitar que el Hotel Parador sea entregado al Gobierno del Estado.
La medida frena, de manera temporal, el polémico proceso de dación en pago aprobado por la Legislatura local, con el cual se pretendía saldar una de las deudas históricas más grandes, de 315 millones de pesos, que mantiene el Issstezac con la administración estatal.
Durante los últimos 5 años, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) ha enfrentado una profunda crisis financiera que derivó, de manera recurrente, en la retención de prestaciones y aguinaldos, lo que motivó al despacho a litigar y ganar más de 2.500 juicios individuales.
La desincorporación del recinto turístico fue autorizada, en una sede alterna del Congreso del Estado, mediante una cerrada votación de 15 legisladores a favor y 14 en contra, desatando una ola de amparos colectivos de los derechohabientes.
El representante legal argumentó, ante el juez federal, que esta operación constituye una «confiscación disfrazada» y un grave despojo que afecta, de forma directa, el fondo de pensiones que sostiene el retiro de los trabajadores zacatecanos.
Por su parte, los directivos del organismo defienden la medida, argumentando pérdidas económicas insostenibles y una ocupación hotelera promedio de apenas el 7 por ciento, justificando, de este modo, la enajenación de esta propiedad.
Esta resolución provisional frena la entrega inmediata de las instalaciones, ubicadas en la entrada norte de la capital, prolongando una batalla judicial que mantiene bajo fuerte expectativa el pago de los compromisos fiscales de la institución de pensiones.
