Miguel Rivera Villa, presentó los avances que en esta materia se han tenido en Zacatecas, durante la Tercer Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, en el Centro de Inteligencia de la Policía Federal del Distrito Federal.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Zacatecas, dijo su titular, se integró a la Plataforma México (Sistema de Interconexión para la Generación de Inteligencia Policial (SIIOP) y la Unidad de Análisis de la Información (UDAI).
Asimismo, logró una coordinación e intercambio de información policial entre las unidades homólogas a nivel nacional y estatal entre otras autoridades competentes, a fin de disminuir la incidencia delictiva, así como a las Unidades de Consulta al Sistema Único de Información Criminal (SUIC) y Captura de Informes Policiacos Homologados (IPH), Módulo Antiextorsión y Módulo Antisecuestro.
Ante Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, y sus homólogos de las otras entidades federativas, Miguel Rivera Villa abordó la ponencia “Modelo de capacitación para el personal de Seguridad Pública, deducida de la reforma al Sistema Mexicano de Justicia Penal”.
Durante la ponencia, el titular de la SSP destacó que según estadísticas oficiales recientes elaboradas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública Federal, de los casi 440 mil elementos policiales, el 56% demuestra serias deficiencias por cuanto a su formación y educación actual, colocándose en el nivel básico, además de presentar problemas de salud, tales como hipertensión arterial, sobrepeso y edad avanzada, entre otros.
De tal manera, dijo, surge la necesidad de implementar una política pública integral en materia criminal, “precisamente en la esfera policial, tanto de su sistema, como de sus integrantes, mediante el manejo de valores y profesionalización, con el reconocimiento del Derecho de Policía” indicó.
Al respecto, expresó que en México el Derecho de Policía es reconocido como la ciencia que estudia el marco jurídico normativo de las corporaciones policiales, su sistema, estructura jerárquica, derechos y obligaciones, su situación de trabajo, para de ahí partir en una estrategia urgente y decisiva para combatir la delincuencia convencional y organizada.
Planteó como una de las principales soluciones la prevención del delito, como fin a la solución de conflictos, incluso a través del Derecho Penal.
Mencionó que, actualmente, las instituciones de seguridad pública buscan concentrarse y conjuntar esfuerzos para la obtención y consolidación de la paz, ya que si no se refuerza ésta, las acciones que se realizan para evitar la comisión de delitos serán en vano.
Por ello, se busca con la actividad de la prevención de esos y otros hechos delictivos, la reactivación y el fomento del desarrollo económico, la justicia social y la protección de los derechos humanos, la buena gestión pública y el proceso democrático.
Consideró que se deberá realizar un trabajo de investigación que basado en la problemática que nuestro país vive en la actualidad, sugiera propuestas de enmienda, basándonos en un análisis de índole policial y por supuesto sin dejar de lado la realidad existencial entre el crimen organizado y la delincuencia organizada, es decir, hablamos de una dualidad jurídico-social, pues la relación entre ellos es indiscutible.
Rivera Villa propuso la creación del Derecho de Policía como un factor indiscutible para combatir la elevada incidencia delictiva que en la actualidad aqueja a México, por medio de una estructura que implica coordinación efectiva entre las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, capacitación constante y permanente, unificación de las corporaciones de los Estados y suprimir a las policías municipales, controles de confianza de los elementos de seguridad pública y unificación legislativa, como parte importante de las políticas públicas en materia policial.
Sobre el modo de operar del crimen organizado abordó la necesidad de contrarrestar estratégicamente en sus tres ejes rectores: capacidad de operación, capacidad financiera y el grado de contubernio y penetración entre autoridades, combatiendo no sólo la operación del crimen organizado, sino buscando la prevención del delito y la protección de la población vulnerable, desarrollando una política social que establezca presencia del Estado.
