Las acusaciones de compra de voto a través de tarjetas de la cadena de autoservicio son una acción simulada y podrían constituir un delito, afirmó el secretario Jurídico del Partido Revolucionario Institucional (PRI) nacional, Raúl Cervantes.
Se podría tratar de la comisión de 2 o más delitos federales, y por ello solicitarán a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue el asunto que consideró parte de un “montaje” de los aliados de Andrés Manuel López Obrador.
Presuntamente la coalición Movimiento Progresista incurrió en un ilícito al inculpar al PRI y simular en su contra la existencia de pruebas materiales que hacen presumir su responsabilidad.
El secretario subrayó que al PRI no le corresponde calificar el delito, sino solo presentar una denuncia para que se investigue y quede claro que no cometió ningún delito electoral.
Lo que no se puede permitir, aseveró Cervantes, es que se esté manchando la elección cuando está limpia.
Manifestó que tampoco se vale que se insulte a la gente al acusar de que en la elección hubo coacción generalizada del voto, cuando el montaje en un video que se maneja como prueba es un solo momento y lugar específico y no en todo el territorio nacional.
El vocero del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Eduardo Sánchez, dejó en claro que en el video no existe un solo testimonio en el que alguien pueda asegurar que un funcionario del PRI entregó las tarjetas.
“Es parte de la mentiras y de las farsas. Llevaron gente a las tiendas a decir que venían de parte del PRI”, dijo.
En la rueda de prensa estuvieron también el presidente nacional priísta, Pedro Joaquín Coldwell, y el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
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