En los últimos 5 años ha sido consignado 26 veces por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), «cazado» para ser detenido por la Policía Ministerial y hace algunos días estuvo preso.
Jesús Alberto Gaytán Espinoza, quien fuera director de Investigaciones en el pasado sexenio y ahora tiene un despacho jurídico, dijo que decidió dar una conferencia de prensa porque teme por su seguridad.
«Como les ha sido imposible en 26 ocasiones someterme a un juicio que me mantenga calmado, ahora pueden salir con otras medidas, que fue desaparecido o lo mataron porque era un ajuste de cuentas», expresó.
La rueda de prensa, explicó, fue «para prevenir y hacer responsable» al Ejecutivo estatal y al general Jesús Pinto Ortiz, secretario de Seguridad- de posibles actos en su contra.
Este proceso, aseguró, viene de venganzas «desde muy arriba», ya que la orden de aprehensión había sido negada en primera, segunda y tercera instancia, además de convencieron a la víctima de fuera en su contra, como ella misma se lo mencionó.
El presunto delito del que se le acusa es el de robo calificado, ya que en 2008 fue liberado un vehículo recuperado que nunca se dio a su propietario, quien inició un juicio para que se le entregara.
Fue hasta el cuarto intento, agregó el abogado, que se libró una orden de aprehensión, la cual «es una resolución hecha con los pies, se manejan hasta diferentes nombres míos. En una me llamo Jesús Alberto Gaytán Gómez, cuando es Espinosa».
A pesar de que iba la orden dirigida contra otra persona por el error en el nombre, decidió entregarse en un operativo como «si fuera un delincuente de los que le llaman pesados».
A su vivienda llegaron 25 policías ministeriales para hacerle un cateo y detenerlo, y a pesar de que les señalaba los errores en el procedimiento, algunos elementos intentaron brincarse a su domicilio, aseguró.
«Gente que trabaja en esta institución y no se presta a este tipo de tonterías me avisó: querían sembrarme un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y amarrarme un procedimiento en forma, cuando no uso armas ni drogas», dijo.
Aunque asegura que es inocente expresó que decidió de forma voluntaria entregarse, tras lo cual fue llevado preso al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cieneguillas, donde tenía la posibilidad de llevar su caso.
Debido a la preocupación de los clientes de su despacho, además de poner en primer lugar a su familia y ponderar los daños que le acarrearía, recurrió a la suspensión de procedimiento a prueba. En dicho recurso, agregó, acepta los hechos pero no se tomará como confesión.
«No me apoderé de ningún vehículo, con esto quiero poner en evidencia que soy un perseguido sistemáticamente porque los 5 años en los que he litigado no ha habido un año en que no se me consigne y ya estoy cansado», enfatizó.
Al analizar la orden de aprehensión, dijo, «ahí sí me dio miedo, porque la vi antijurídica y con razonamientos como si fuera dictada por un Ministerio Público de los ochenta. Si pasó por un orden colegiado es un documento que debería dar vergüenza a algunas personas. Si querían asustarme con eso lo hicieron».
Del presunto acoso del que es víctima, desvinculó a la procuradora Leticia Soto Acosta, así como al magistrado presidente Juan Antonio Castañeda Ruiz, «pero no a sus subalternos que mueven este asunto», y mencionó a un sobrino del exprocurador Arturo Nahle García.
Alberto Gaytán en 2010 encabezó un operativo en el que se retuvieron vehículos usados para la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sobre este hecho indicó que no hay ningún proceso en su contra.
