Por unanimidad fue aprobado por la 60 Legislatura que los delitos contra periodistas sean atraídos por la federación, es decir, por la Procuraduría General de la República (PGR).
La Minuta se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Gerardo Romo Fonseca, al invitar a sus compañeros a votar a favor de la minuta, sentenció que es necesario dar garantías a la labor periodística, “porque las agresiones a un periodista constituyen una vulneración a la libertad de expresión que no pueden tolerarse, ni dar pie a que se presenten en el futuro”.
Hizo referencia a lo comentado durante el Foro Periodismo y Democracia Zacatecas 2012 que recientemente organizó la Legislatura, donde afirmo que “es hora que el Poder Legislativo de Zacatecas volteé la vista a este importante sector de la sociedad, e inicie las acciones necesarias para cumplir y hacer cumplir las leyes en la materia, incluso yendo más lejos”.
En esa ocasión reiteró que era necesario actualizar la legislación que permita garantizar la libertad de expresión como derecho inalienable, así como de la seguridad e integridad de quienes representan “la correa de transmisión más importante de la sociedad: los periodistas”.
En tanto, la diputada María de la Luz Domínguez Campos, reconoció que la aprobación es una muestra del compromiso del poder legislativo, por la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de los mexicanos y particularmente de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación de Zacatecas.
Enunció que la iniciativa tiene por objeto generar un mecanismo de excepción, por el cual se faculta a las autoridades federales a conocer de delitos del fuero común relacionados con la protección a la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión, con objeto de evitar la impunidad en este tipo de ilícitos.
“Con esta iniciativa damos una respuesta contundente y efectiva al reclamo social, relativo a evitar y sancionar atentados contra el derecho a la libertad de expresión; es un avance muy grande y se da respuesta a la exigencia de periodistas y defensores civiles de los derechos humanos, quienes se encuentran en el peor momento de su vida profesional”, recalcó.
Agregó que “no solo las agresiones a periodistas representan un ataque directo a la vigencia del estado de derecho, sino también la inacción de las autoridades competentes, lo cual se traduce en impunidad. Afectar la libertad de expresión, es una de las formas de destruir la democracia y la sana convivencia que demanda el país”.
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